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Acta de la Sexta Sesión Ordinaria
Martes 19 de octubre de 2004
El señor Presidente. Siendo las 5 y 15 del martes 19 de octubre se da inicio a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción con la presencia de los colegas Carlos Armas Vela, Rafael Aita Campodónico, Jhony Peralta Cruz, Enith Chuquival Saavedra, Alejandro Oré Mora y el que habla, José Luis Risco Montalván.
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Se pone a consideración de los colegas congresistas el Acta de la sesión pasada. Si algún señor congresista tuviera alguna observación sírvase manifestarlo.
II.- DESPACHO
En Despacho han ingresado un conjunto de documentos que tienen ustedes en sus carpetas. Si algún colega desearía tener conocimiento de alguno de los mismos, puede solicitarlo en el despacho de la Comisión. Si no hubiera alguna observación. Aprobada por unanimidad.
III.- INFORMES
Quiero informar a los colegas congresistas que se han sostenido un conjunto de reuniones con representantes de organizaciones vecinales como La Fresa, Puente Piedra, asentamiento humano Villa Tacalá, de Huaycán, los representantes del Fondo de MIVIVIENDA Militar de la FAP, entre otros, como también la visita que se ha realizado a los asentamientos humanos Los Rosales de Pro, con los dirigentes y trabajadores de Mesa Redonda y de otras instituciones más, de las cuales hay un conjunto de reclamos que se vienen formulando.
Dentro de las visitas que se han realizado a los asentamientos humanos y pueblos jóvenes el requerimiento fundamental es el de la discusión y aprobación de dictámenes que nosotros tenemos pendientes, y que vienen de la Legislatura donde el colega Carlos Armas era Presidente. Y que espero que el día de hoy podamos concretizar y aprobar los dictámenes correspondientes.
Quedó pendiente desde la semana pasada —si me lo proponen los colegas y estamos de acuerdo—, tanto de los amigos de Mesa Redonda como de la obra de San Miguel —que es un problema muy serio—, como también de los prestatarios del Banco de Materiales, que el colega Carlos Armas efectivamente desarrolló una exposición sobre el tema.
En todo caso, como quiera que están acá presentes los amigos de Mesa Redonda yo pediría, con el permiso de los colegas presentes, que informen por un espacio máximo de diez minutos y después continuaremos con las otras exposiciones para entrar a la Orden del Día.
Si están presentes los señores de Mesa Redonda, por favor, pueden tomar asiento.
En primer lugar, quisiera darles la bienvenida y que se identifiquen quiénes son los que van a hacer la exposición en el tiempo ofrecido.
El señor Freddy Silva Valer. Señor Presidente, señores congresistas y público asistente. Quien les habla es el asesor de la Asociación de Damnificados de Mesa Redonda. Están acá presentes la señora Gregoria García en su calidad de Presidenta y un miembro más del comité de deudos del accidente del 29 de diciembre de 2001, por todos conocido.
En primer lugar, nuestro agradecimiento por la gentileza que han tenido en darnos esta oportunidad de exponer nuestra problemática en esta Comisión.
Debemos empezar manifestando que, si bien es cierto, la Comisión de Vivienda de alguna forma tiene que ver con la problemática de los damnificados, sin embargo la problemática de los damnificados es mucho más que de la Comisión de Vivienda.
Voy a empezar exponiendo de que después del accidente el Gobierno dio ciertas disposiciones en esa oportunidad. Se dio el Decreto de Urgencia N.° 002-2002, el Decreto Supremo N.° 08-2002 y la Resolución N.° 026-02 de Bienes Nacionales.
Dentro de eso, el Gobierno Central dispuso algunas acciones para los efectos de la atención de los damnificados. Entre ellos se dio órdenes precisas a los distintos sectores del aparato del Estado para que presten la ayuda necesaria, para la atención de los damnificados, y dentro de ellos está la rehabilitación del Mercado Central para los damnificados.
En función a ello y en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 08-2002, el Gobierno Central donó un inmueble mediante Resolución de Bienes Nacionales N.° 026-2002 para la reubicación de damnificados. Sin embargo, debemos advertir que dentro de esa misma resolución se establecía un plazo perentorio de cinco años para que esos inmuebles que habían sido donados a la Municipalidad de Lima, para que la Municipalidad dé destino para la rehabilitación o reubicación de los damnificados. Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de la Asociación de Damnificados de la Comisión de Deudos de los Damnificados, hasta la fecha la Municipalidad de Lima no hizo nada en lo absoluto.
Es más, pese a las reiteradas solicitudes no hizo caso; sin embargo, en las postrimerías del gobierno municipal anterior se quiso entregar ese inmueble a cuatro personas. Claro es, son damnificados, pero marginando a los otros miles de damnificados que agrupan a consecuencia del accidente. En función a ello, señor Presidente, al actual Alcalde de Lima la Asociación de Damnificados de Mesa Redonda solicitó la adjudicación directa de su inmueble, para los efectos de que de alguna forma, si bien es cierto que hasta ahora los procesos judiciales que vienen tramitándose están con el sueño de los justos, no avanzan; sin embargo, es nuestra preocupación tener un lugar de trabajo que de alguna forma, si bien es cierto no podrá satisfacer todo el requerimiento necesario, estará cumpliendo mínimamente nuestras necesidades.
Pero, sin embargo, la Municipalidad de Lima actual tampoco hizo caso de la solicitud. Y peor aún, nosotros tuvimos conocimiento de que ese inmueble iba a ser destinado a otros fines. Es por ello, que la Asociación de Damnificados se vio obligada ante la inacción del propio municipio, ante la indignación de las otras instancias del aparato del Estado, en salvaguarda y para mayor seguridad de sus intereses, se ha visto obligada a ocupar, en forma pacífica, ese inmueble que está ubicado acá a una cuadra, entre el jirón Miró Quesada y jirón Andahuaylas. Eso ha sido el día 7 de mayo del presente año.
A consecuencia de esta toma ha habido una reacción desmedida de parte del municipio que pretendieron desalojar a los damnificados de ese inmueble. Sin embargo, ante la defensa de los damnificados y ante la presión de la opinión pública, la municipalidad se ha visto obligada a aceptar ese hecho y en función a eso se firma una acta el día 15 de mayo del presente año, comprometiéndose a entregar el inmueble en 30 días, bajo el compromiso de que la Asociación de Damnificados presente una relación de beneficiarios damnificados. Han pasado más de cuatro meses, y a la fecha la Municipalidad de Lima ni siquiera se ha dignado a recibirnos como representante de los damnificados, para los efectos de que en esa mesa de diálogo se pueda tratar el problema de los damnificados.
Es más, si bien es cierto, si en esa acta se compromete a la Municipalidad de Lima a entregar en 30 días la titularidad del inmueble; sin embargo, el compromiso que nosotros asumíamos era que en esos 30 días teníamos que adjuntar la relación de beneficiarios. No obstante, cuando nosotros hicimos llegar la relación la Municipalidad de Lima, por intermedio de la arquitecta Valladolid, Jefa de Emilima, al día siguiente nos ha devuelto la relación.
Es por eso nuestra presencia acá, señores congresistas, para los efectos de que sí bien es cierto los damnificados están ahí sin el tratamiento adecuado, estando el inmueble destinado para los damnificados, el gobierno municipal se opone; peor aún, ni siquiera hay la voluntad de diálogo para los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones que se han dado en su oportunidad.
Nuestra presencia es, justamente, para que esta Comisión que estoy seguro que va a acoger esta solicitud, se digne en persuadir o por lo menos hacer llegar a la Municipalidad de Lima que dé cumplimiento a las disposiciones que se dieron y que ese inmueble sea transferido a los damnificados. Es más, queremos participar en la confección de los beneficiarios ¿por qué?, porque son los damnificados quienes conocen mejor y saben quiénes son los verdaderos damnificados, y quiénes no. Debemos también denunciar en este acto que la Municipalidad de Lima unilateralmente ha pretendido confeccionar una relación; sin embargo, arbitrariamente en esa relación ha excluido a unos y ha incluido a otros. No sabemos con qué criterio, no sabemos cuáles son los intereses pero, sin embargo, estando esa relación hace tres meses lista, hasta ahora no se publica.
El señor Presidente. Tiene el uso de la palabra la señora presidenta. Su identificación y el número del documento de identidad.
La señora Gregoria García Poma. Señores congresistas, Padres de la Patria, en realidad me siento agradecida que nos reciban en esta Mesa, señores de tanta lucha. Miren ustedes los papeles que yo tengo, firmado por todas las autoridades. Tengo acá los libros de todos los deudos, este libro ha ido por todas las autoridades, nunca nos han hecho caso. Incluso tengo acá un documento de Castañeda Lossio a quien lo apoyamos 21 mil ambulantes, para que él esté sentado en el sillón municipal y ahora ni siquiera nos hace caso.
Señores congresistas, yo vengo acá a reclamar un derecho justo, un derecho, que realmente el señor Presidente dio ese terreno es para los damnificados. Si nosotros jurídicamente no nos organizamos nadie nos hacía caso. Entonces, por eso es que yo vengo acá: uno, reclamando (en estos momentos hay muchos quemaditos que les falta medicina, les falta mallas) otros incluso, el 21 de octubre vamos hacer una marcha para que no cierren el juicio, señores, que el juicio de los deudos ya lo quieren anular. No es justo, no hay culpables, señores.
Señores congresistas, lo que nosotros queremos es justicia, lo que nosotros queremos que verdaderamente vean la realidad de Mesa Redonda. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Yo no sé como decirles: quien le habla, como yo soy dirigente del comercio ambulatorio, nosotros le mandamos una carta, una carta al señor Andrade Carmona diciéndole: “señor Andrade, ya se acerca las Fiestas Navideñas, puede haber muertes, incendios, tantas cosas que puedan pasar, hasta queremos que nos dé una área regular”. Nunca nos hizo caso. Ahí tiene el resultado de Mesa Redonda: cuántos niños huérfanos, cuántas personas discapacitadas, cuántas personas no tenemos donde trabajar, donde vender. Si hay un terreno para que nos den, ¿por qué no nos lo dan, señor? ¿Por qué cuando vamos a pedir los documentos, la relaciones nos niegan? ¿Por qué? ¿Porque somos pobres, porque no tenemos?
Señores, la ropa no le hace a nadie, lo que le hace es la justicia; queremos justicia de ustedes que son los Padres de la Patria, por eso es que estamos acá, queremos que realmente vean la realidad, lo que nosotros sufrimos, lloramos en carne propia, ya que las autoridades no nos hacen caso. Ustedes vieran este libro, señores, mire, todo, cuánto... Acá hay todos estos deudos. Mire ve, cuántos deudos. Toda esta relación ha ido... Acá hay ve, tanta... esta relación ha ido por todas las autoridades. Acá hay gente que se ha quemado, cómo han quedado. Acá hay personas, mire cuántos deudos, señores; todo ve... Toda esta relación ha ido por todas partes, por todos los congresos hemos repartido, hemos ido; pero sin embargo nunca nos han hecho justicia, por eso estamos acá.
Lo que nosotros queremos es justicia, que nos apoyen, que no nos abandonen a Mesa Redonda; que hayan los culpables, que aparezcan los culpables. Hay 145 que están denunciados por homicidio culposo. ¿Es justo eso, señores congresistas? ¿Eso es justo? No es justo, señores congresistas, apóyenos, por favor.
Señores congresistas, yo quisiera pedirles que haya un foro acá en el Congreso, porque en realidad, quiero que ustedes escuchen las versiones de cada persona que ha sufrido en Mesa Redonda.
Quisiera un foro acá para todos, tanto como los deudos, los quemaditos, los que perdieron su mercadería para que vean la realidad, todo lo que han pasado.
Hay personas que están adeudados en el Banco, hay personas que están en este momento con embargo a sus casas, hay personas que están con orden de captura. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que haya un foro para que vean la realidad en carne propia para que ustedes escuchen las versiones de cada persona, señores congresistas. Eso es todo. Gracias.
El señor Rubén Pajua. Buenas tardes, señores congresistas, mi nombre es Rubén Pajua, con DNI 19995238. Yo perdí a mi señora en Mesa Redonda y ahorita hay injusticia, ¿por qué? Porque ahorita caducan en Diciembre porque la municipalidad desaparece la municipalidad, perdón. En realidad, eso... Aduanas, Edelnor, la municipalidad en diciembre caduca, o sea, el juicio. Si no pasa los 30 días, basta ya.
Entonces, nosotros queremos eso, que se haga justicia, ¿para qué? Para que nosotros... Hemos perdido varias familias que en realidad hemos superado casi a las torres gemelas; y, eso queremos justicia.
El señor presidente. Bien, ¿si alguno de los colegas tuviera una pregunta que formular a los señores?
El señor Armas Vela. Señor Presidente, yo quiero en primer lugar expresar mi solidaridad, la de siempre, con los deudos de Mesa Redonda. Me gustaría que con ellos también haya el mismo trato que hay con las víctimas y los deudos de Utopía. Comprobamos ahí que por el color de la piel, a veces, se hacen distingos en cuanto a la atención, a la prioridad o a la condición económica. Pero, yo quisiera preguntar a la presidenta de esta asociación, ¿si vuestra asociación, la cual usted representa, está conformada internamente por damnificados del incendio de Mesa Redonda?
La señora García Poma. Sí, señor congresista. ¿Se acuerda que yo le pedí una relación que a usted le habían mandado? Pero yo sabía que usted, al señor que está al frente, usted le ordenó que me diera, pero usted no sé que le dijo, pero usted no me dio; pero lo conseguimos por otro sitio. El 80% de esa relación estamos reconocidos como damnificados, en lo cual están: deudos, quemaditos, gente que perdieron su mercadería, señor congresista. Y lo puedo mostrar el día que ustedes me puedan citar, yo le traigo los papeles, señor congresista.
El señor Armas Vela. Otra pregunta, señor Presidente.
¿Por qué los máximos representantes de las dos asociaciones existentes no figuran como damnificados en los listados oficiales preparados por la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo?
El señor Freddy Silva Valer. Puedo contestar, señor congresista. Justamente, ese es uno de los puntos que nosotros cuestionamos en la medida que, si bien es cierto, es de conocimiento cuando en anterior oportunidad nos reunimos con su persona, que existían dos asociaciones que supuestamente representaban a los damnificados.
Podemos decir en estos momentos, señor, que hay una sola asociación que representa a los damnificados. La otra asociación que supuestamente la Municipalidad de Lima y arbitrariamente quiso utilizar para hacernos frente a nosotros prácticamente afuera. Dentro de su organización habían unos cuantos damnificados porque ellos representan el comercio informal, y todos esos damnificados están dentro de nuestro padrón; han renunciado a la otra asociación; es por eso que ahorita hay una sola asociación. Es más, que a la fecha, en la relación de la Cruz Roja está la señora Gregoria García Poma como damnificada, sin embargo, arbitrariamente en la nueva relación que supuestamente ha trabajado la Municipalidad de Lima en coordinación con la Cruz Roja, le excluyen a todos los dirigentes de esta asociación y no está en esa relación. Eso es más o menos justamente nuestro cuestionamiento del accionar del Municipio.
El señor Presidente. Una pregunta que formula el colega Armas: ¿Por qué no figuran los dos representantes o los diferentes representantes de la asociación como damnificados, por qué?
El señor Freddy Silva Valer. Señor Presidente, eso es justamente nuestra pregunta también. Nosotros debemos afirmar con seguridad: tenemos la relación única de damnificados, trabajada por la Cruz Roja, la original. Posteriormente la Cruz Roja, en coordinación con el Municipio, trabajan esa relación y excluyen a muchos e incluyen a otros. Y en función a eso es que excluyen a la presidenta de la asociación, de esa nueva relación; pero sí está en la anterior relación.
Ahora, respecto a la otra asociación no podemos dar fe porque él no es damnificado y nunca ha estado en ninguno de los padrones.
El señor Armas Vela. Andamos confusos. Hubieron damnificados en Mesa Redonda, en números, no estamos discutiendo números. Se constituyó, sé autoconstituyó una asociación en donde se nombró una directiva. Como consecuencia de eso, el gobierno le dice: “Vamos a darles un terreno, vamos a indemnizarlos a los deudos”. Esa indemnización fue dándoles un terreno, un local, etcétera, etcétera.
Ese local, para ser beneficiado de la misma se armó una comisión compuesta por la Municipalidad de Lima y otras instituciones de la Cruz Roja, En esa comisión fueron integrados los dirigentes o los representantes de los damnificados; sin embargo, vuelvo a reiterar la pregunta: Si la señora, que es la representante de los damnificados, es damnificada la señora Gregoria, es damnificada, ¿por qué no aparece ella en la lista que finalmente presenta la Municipalidad de Lima como parte de los damnificados de Mesa Redonda?
El señor Freddy Silva Valer. Le contesto, señor Presidente. Debemos aclarar, que si bien es cierto existía una comisión, la subcomisión de damnificados, sin embargo, la asociación de damnificados en ningún momento ha participado en la confección de esa relación. En segundo lugar, que la señora Presidenta, que hoy agrupa a la comisión de damnificados, está en la relación original de la Cruz Roja, en la primera; pero ya no aparece en esta última que nos han hecho llegar por intermedio de la Defensoría del Pueblo. Esa es nuestra preocupación. No sabemos con qué criterio la Municipalidad ha trabajado esa relación porque no solamente a ella la excluyen, sino excluyen a todo ese grupo de quemados, que tampoco no están.
También no están ese grupo de comerciantes que eran dueños de tiendas o inquilinos de las tiendas, solamente aparecen algunos deudos porque en esa relación aparecen solamente 94 deudos, y esos deudos son los que en esa oportunidad se identificaron. Pero, sin embargo, de esa oportunidad ahora con los exámenes que se están dando por la Fiscalía, están bordeando ya más de 200 deudos identificados y esos 200 no están tampoco en la relación.
Eso es lo que nosotros pedimos: que los damnificados, que la asociación tenga participación en esa confección, facilitando documentación, facilitando información, o en todo caso, en esa mesa, nosotros no necesariamente con voto, pero sin embargo, podemos participar todo lo que se refiere a información para que esa relación sea auténtica no se pueda de alguna forma tergiversar el sentido o ese inmueble no se beneficie gente que nada tiene que ve en esto.
La señora García Poma. Señor, le voy a contestar. Señores, quiero que tengan bien presente hasta donde es el abuso cuando tienen poder, cuando son autoridades. Tal vez, no quería tocar ese tema, pero lo voy a tocar. Yo formé la asociación, la Asociación de Trabajadores del Comercio Ambulatorio y Damnificados de Mesa Redonda del Cercado de Lima.
El 18 de enero del 2002 la formé, porque mire, antes del incendio, mi asociación era de economía precaria, luego, pasó el incendio, formé esa asociación. Como usted sabe, señores de La Patria, a veces, nosotros no sabemos con quien tratamos. Me confié en la congresista Susana Higuchi, aquí está. Le he pedido mis papeles, que me devuelva, porque no sé como, me pegaron, me quitaron todos mis papeles, me hicieron una difamación única y me quedé sin nada, de hambre de frío, pidiendo limosnas aquí y allá, he tenido que formar de nuevo mi organización, porque yo tengo una carta de la Cruz Roja, el señor Paredes, del Presidente, donde él me reconoce como damnificada y me reconoce como dirigente de la Cruz Roja, de los damnificados, porque yo he estado en la Cruz Roja trabajando.
En vista que yo sabía... esa carta me manda... Yo le mando una carta al presidente Toledo con la relación de todos los damnificados, me manda un documento: que yo vaya a Bienes Nacionales a investigar sobre ese terreno. Entonces, yo agarré de buen corazón, no sé como me llama la Municipalidad y le dejo el documento, allí es donde ellos aprovechan. Y no tenía cómo mostrar, cómo mostrar los papeles.
El señor Armas Vela. Sí, es verdad, Presidente, a la señora la recibí como recibo a todos, pero tengo que verificar, constatar que la señora y la Asociación representan auténticamente a los damnificados. Y así le expresé a la señora, prueba de ello es que solicité a la Cruz Roja y a Defensoría del Pueblo, y se nos entregó el listado correspondiente; y aún más, solicité a usted nos alcanzara la relación, cosa que no nos llegó al despacho, pero quiero hacerle otra pregunta.
Algunos comerciantes aducen que se habría negociado secretamente parte del terreno donado por el Estado a favor de los damnificados con el empresario Wong, inclusive se indica que este empresario habría construido ya en parte el terreno que colinda con un depósito que tiene la zona, ¿es esto cierto, señora?
La señora García Poma. Es falso, señor, es falso.
El señor Armas Vela. Otra pregunta, Presidente. La Municipalidad Metropolitana de Lima ha indicado que el terreno solo cederán a los verdaderos damnificados, basándose en los listados de la Cruz Roja. En ese sentido, la municipalidad solicitó que los actuales ocupantes del terreno lo desocupen para proceder a entregarlo a los damnificados. La pregunta es, ¿qué ha hecho la Asociación que usted representa al respecto?
Teniendo presente, señora Presidenta, que quien habla está identificado con los damnificados, lo que pasa es que no queremos que ese terreno sea utilizado por funcionarios del municipio o de alguna otra institución para que termine en manos de algún supermercado y no sirva precisamente para damnificados. No ponemos en tela de juicio la condición de damnificada, lo que queremos es que nuestro trabajo sea un trabajo transparente, y que si alguien está manipulando para que los presidentes, usted y el otro representante de la otra asociación, aunque ha aparecido otra tercera asociación, y ustedes saben que ya está dejando documentos por varios sitios, ustedes no se vean perjudicados en el derecho que tienen como damnificados en este terreno que, estoy seguro, les va a pertenecer.
El señor Freddy Silva Valer. Señor congresista: Respondiendo, creo que coincidimos en nuestra preocupación, creo que la finalidad de la Asociación, creo que hace un momento dijimos que la decisión tomada el 7 de mayo del presente año, inquietud del municipio, de pretender justamente de transferir ese inmueble a la persona que hace un momento he mencionado. Y es justamente ello, que a ellos les han obligado a tomar esa decisión, es más, también dije hace un momento de que en anterior oportunidad ya se pretendió entregar a cuatro personas ese inmueble, que con la intervención de la persona que está acá presente se frustró esa entrega.
Entonces, por eso es que dan nuestra preocupación, es que no se tergiverse el sentido de la norma para la cual se dio; es más, nosotros no tenemos ningún inconveniente en coordinar con el municipio, eso es lo que hace tiempo venimos pidiendo, pero sin embargo el municipio hace oídos sordos y no ha respondido hasta ahora con ninguna acción concreta que permita un diálogo con la asociación damnificados. Segundo, la asociación que preside la señora Goya, es la que de alguna u otra forma representa al 98% con seguridad a los damnificados. La otra asociación que la municipalidad pretendió utilizar, ahorita no representa ni siquiera al cero por ciento porque algunas personas del comercio informal que están inscritos en esa asociación, hoy podemos decir que el 100% de esas personas están acá con nosotros.
Es más, si alguna otra organización podría aparecer, pero con los mismos fines y objetivos de la asociación, no tenemos ningún inconveniente en agrupar esfuerzos, aunar esfuerzos, pero con el mismo objetivo de que ese inmueble sea verdaderamente destinado a los verdaderos damnificados.
Esa es nuestra preocupación, señor congresista, y ese es nuestro pedido, de que de alguna forma se llegue a esa realidad.
La señora García Poma. Señor congresista: Nosotros, mi asociación se pone en manos de ustedes, si ustedes desconfían de nosotros, ustedes pueden calificar damnificado por damnificado, para que realmente ese terreno sea por los verdaderos damnificados. Yo lo único que quiero es que nos hagan justicia y con la verdad, no con mentiras ni falsedades. Gracias.
La señora Chuquival Saavedra. Señora presidenta de la Asociación de Damnificados de Mesa Redonda y trabajadores de comercio informal del Cercado de Lima y todas las personas que le acompañan en este momento. He escuchado la información que ustedes han dado a este grupo de trabajo de la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y he podido comprender que ustedes están buscando la solución a un problema, a un ofrecimiento que el Presidente ha dado en su momento cuando el dolor era palpable, cuando todos estábamos angustiados por lo que había pasado en Mesa Redonda.
Claro, pasan los meses, los días, los años, parece que se aleja el dolor, entonces ya no comprendemos a las personas. Pero como ha sido un ofrecimiento del Presidente de la República, no puede quedarse en el olvido; él ha ordenado a la autoridad correspondiente y esta autoridad no ha cumplido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Buscar la justicia que ustedes ahora piden, ¿no?, primero, buscar el diálogo como personas civilizadas, como personas educadas, entonces, buscamos el diálogo con la autoridad correspondiente para ver qué solución damos.
Ustedes dicen que tienen unos inmuebles que han sido ofrecidos pero que todavía no llega, han sido donados, imagínese, ¿hay algún documento sobre esto? Entonces, yo creo que el problema está fácil, no es difícil, sino que tenemos que entrar nosotros, puede ser un Grupo de Trabajo de acá de la Comisión, puede estar representado por todos o por un número que defina la Comisión, para poder llegar a conversar con el alcalde y con los representantes de ustedes.
Primero buscamos una solución amigable, una solución de justicia mediante el diálogo sin salir a protestar. Yo pienso que protestando no hacemos nada, más bien nos cansamos, nos agotamos y a veces hay una reacción contraria de la autoridad cuando hay este tipo de acciones ¿no? Yo, estaría también, si el Presidente me permite, también apoyando para que ustedes lleguen a la autoridad correspondiente y en presencia de nosotros se llegue a un acuerdo, a un arreglo, pero un arreglo formal, un arreglo serio mediante un acta, un compromiso formal de autoridad y de ciudadanos.
Entonces, yo creo que no hay mucho problema para esto, seguramente como ustedes estaban andando solos y seguramente buscando apoyo en una persona, en otra persona, entonces se dilatan. Ustedes saben que en este tipo de actuaciones hay los acomodos, los intereses, seguramente un grupo ya buscó intereses para hacer una relación, otro grupo otra relación, entonces, cuanto más divididos estén ustedes, es propicio pues para que pierdan todo. Entonces, ustedes se conocen, ustedes tienen la relación, ustedes saben quién es quién, una relación realista, una relación verídica, verdadera para poder uno andar con la verdad. Cuando andamos con la verdad no pasa nada, pero cuando andamos con la mentira si puede suceder muchas cosas y viene el fracaso.
Entonces, yo le digo al señor Presidente, que creo que estamos en camino de poder dar solución a este grupo de damnificados, comprendo la preocupación también del colega Armas, que siempre es su trabajo con los problemas de la ciudadanía, todos estamos abocados a eso, a solucionar los problemas de los hermanos del Perú porque todos somos peruanos cualquiera fuera el tinte político. Yo no veo tinte político sino veo que es un peruano más que hay que ayudar a solucionar sus problemas.
Entonces, yo ofrezco ser una de las intermediarias para poder solucionar sus problemas. Ojalá que el Presidente de esta Comisión acepte la propuesta que estoy dando y que me estoy ofreciendo también a ser la intermediaria para poder solucionar sus problemas, pero una solución de verdad, no con mentiras. Yo sé que ustedes ya están hartos de la mentira, porque hay tantos políticos que llegan a mentir, a buscar grupos ya con miras al 2006. Aquí no vamos a mentirles, aquí sí vamos a actuar con la justicia y con la verdad.
Ese es mi ofrecimiento, señor Presidente y mi ofrecimiento al grupo que esta tarde ha llegado a esta Comisión.
El señor Peralta Cruz. Señor Presidente: Yo creo que en aras del tiempo, porque también hay varios invitados y no queremos que pase lo que pasó en la semana que varios tuvieron que retirarse. Creo, señor Presidente, que la propuesta de la congresista Chuquival es la correcta, yo creo que este caso no sé si pasa a un Subgrupo o lo ve directamente la Mesa, y que se invite al representante de la Municipalidad de Lima, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, que también se ha mencionado, la Asociación de Damnificados, y yo creo que con el apoyo de la Comisión para ver la forma como se logra; porque acá hay un problema de ponerse de acuerdo en la relación de damnificados, yo creo que hay tres grupos y la Municipalidad de Lima no logra solucionar ese tema.
Si esta Comisión, bajo la intermediación del Congreso no logra un acuerdo, yo creo que podríamos, en coordinación con el gobierno o con el Estado o con quien está haciendo estos bienes, tratar de conformar una comisión de calificación cuyos integrantes sean aceptados por todos, personas calificadas, de tal forma que ellos se encarguen de evaluar y ver quiénes son realmente las personas que van a beneficiar.
Yo creo que eso sería los dos temas, y ya ese Grupo de Trabajo se encargaría de buscar una solución pronta porque ya van dos años, yo creo que ustedes están 3 años y harto de ese tema.
El señor Aita Campodónico. Bueno, yo creo que ya se ha dicho todo, en primer lugar mi solidaridad con todos ustedes.
Pero fíjate, si la municipalidad tiene una obligación y no cumple, es porque de repente las dos ó tres asociaciones o las personas que quieren ingresar por la puerta falsa o los que quieren que les reconozca, hay un problema de fondo.
Entonces, yo creo que esta señora Valladolid, de todas maneras tiene que citarla aquí a esta Comisión para escuchar la segunda parte, porque es muy bonito escuchar todo lo que dice la señora, yo le creo, pero también es importante escuchar la segunda parte para llegar a una conclusión. Y yo creo que como no ha habido o no sabían antes del incendio quiénes realmente trabajaban en Mesa Redonda, porque habían un montón de gente, no había una relación, muchos se sienten con derecho.
Por, ello, para evitar este problema de que mañana aparezcan 400 ó 500, y hay previas calificaciones tanto de la municipalidad como en la Cruz Roja, yo creo que lo mejor que ha propuesto el congresista Jhony Peralta, es una Subcomisión que analice y que se tome por aceptado todo lo que las conclusiones que llegue esta Comisión, porque sino tiene que definirse el problema; mañana dicen hay 200 y vienen otros 50 a decir que también tienen derecho, aceptan los 50, vienen otros 100 que tienen derecho, y aquí todos tenemos derecho, todos quieren que se les arregle su situación pero tenemos que concluir el tema.
Yo creo que ustedes no dejan concluir el tema, yo creo que ustedes son los principales responsables para que este tema se pueda arreglar; porque si a mí me dan una competencia y resulta que ustedes son la traba del tema: Oye, bienvenido, no me ayudan a solucionar el problema.
Yo pido que las diferentes asociaciones, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ustedes tienen que tener de las 20 ó 500 asociaciones los representantes que tienen la voz de todos ustedes y que reconozcan la lista y el empadronamiento fijados por las diferentes comisiones, es la única manera, sino este problema la vamos a ver el 2011 igualito, con el local ahí en la esquina abandonado y de repente ya utilizado porque no han sabido ustedes resolver el problema.
Creo que este tema ya se tiene que dar por concluido y buscar, llamar a la municipalidad que nos dé los datos y que ellos puedan buscar un representante que permita tener un diálogo para solucionar este problema de fondo.
El señor Oré Mora. Señor Presidente el tema de los damnificados, yo quisiera hacer un llamado a los señores representantes de los damnificados, ese es el gran problema. El gobierno ofrece, cumple con donar los terrenos con las resoluciones mencionada, pero el problema no es el gobierno, tampoco la municipalidad, el problema es cuando se ponen de acuerdo los damnificados, cómo se ponen de acuerdo los damnificados y cómo encaminan su justo derecho: van por una autoridad, van por un congresista, van por otro congresista, van buscando por ahí y los congresistas políticos, como que somos nosotros, queremos aprovechar esa caída entera.
Ustedes sabían desde un primer momento de que había una Comisión de Vivienda, parece que es la primera vez que vienen al equipo completo de la Comisión de Vivienda. Entonces, pues, yo creo que para cualquier otra gestión, en cualquier otro requerimiento que se haga, hay una comisión, hay un Congreso y en el Congreso hay comisiones para cada caso.
El señor Presidente. Brevemente le daríamos unos últimos minutos, por favor, para que usted puedan hacer su último planteamiento.
El señor Freddy Silva Valer. Señores congresistas, señor Presidente, con mis agradecimientos por la gentileza que han tenido en recibirnos y escucharnos, creo que nuestra posición es coincidente a la de ustedes, y en verdad nos vamos satisfechos en nombre de todos los damnificados. Pero no sin antes reiterar, creo que el problema de damnificados por nuestra parte está resuelta, creo que el entendimiento entre nosotros hay una unidad, no existe ese 4 ó 5 asociaciones, eso ya se ha superado.
Simplemente existe un desanimo de parte del municipio de Lima en atender nuestra problemática. Creo que la solución nosotros hemos dado, la relación hemos entregado nosotros, inclusive a la Comisión de Vivienda de este Congreso, a la Presidencia del Congreso, inclusive a la Presidencia del Consejo de Ministros. En todas las instancias hemos presentado nuestra relación, nuestras inquietudes y las soluciones, lo que simplemente queremos es que esas soluciones que nosotros planteamos sean encaminadas y que de alguna forma nos tome en cuenta si es que hay el momento de calificar, porque somos nosotros de alguna forma que representamos a los damnificados y que mejor nos conocemos entre nosotros.
Queremos hacer presente la asistencia del Comité para el Planeamiento Urbano Sostenible de San Miguel, quienes tienen una seria denuncia que formular a esta Comisión, así como también solicitudes a la misma. Invitamos a los señores representantes de este comité para planeamiento, a que nos hagan la exposición por un tiempo no mayor de 10 minutos. Gracias.
La señora Bethsabé Andía Pérez. Mi nombre es Bethsabé Andía Pérez, con documento de identidad 08741625. Ante todo quiero agradecerles por permitirnos presentar una serie de denuncias que están afectando en estos momentos, nos están afectando en el distrito de San Miguel. Venimos específicamente a denunciar las irregularidades en que viene incurriendo el municipio de San Miguel, la municipalidad de Lima y el Instituto Nacional de Cultura, en relación a la construcción del megaproyecto comercial Tottus o Sodimac, en los terrenos de la ex Feria Internacional del Pacífico.
¿De qué se trata? Estas tres instancias han infringido el debido proceso y han admitido a trámite expedientes que no cumplen con los requisitos sustanciales establecidos por la ley, así tenemos, por ejemplo, el caso de la municipalidad de Lima. La municipalidad, mediante la resolución 291, aprobó en junio, a solicitud de la Feria Internacional y la empresa Caino Sat, el planeamiento integral de la totalidad del terreno y la habilitación urbana de la sección 1, donde se viene construyendo actualmente este proyecto comercial, sin contar con los requisitos legales.
¿A qué me refiero? Primero, no cuenta con la opinión previa del Instituto Nacional de Cultura. Este requisito es necesario porque existen restos arqueológicos prehispánicos de la Cultura Maranga al interior del terreno, por lo que la municipalidad debió exigir la opinión previa del Instituto Nacional de Cultura, tal como lo dispone la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Y esta opinión previa debía referirse a la totalidad del terreno, es decir, a las 23 hectáreas, por el cual se estaba haciendo el trámite del planeamiento integral.
De otro lado, la municipalidad no ha exigido a la empresa la presentación del estudio de impacto ambiental, aprobado por una autoridad competente para la totalidad del terreno. Tal como lo dispone el Acuerdo del Consejo N.° 126 y las ordenanzas N.° 311, 329 y 273. Ahora bien, todo estudio de impacto ambiental está obligado a diseñar un plan de participación ciudadana que garantice dentro del proceso la inclusión de los vecinos directamente afectados. Esto no ha ocurrido hasta la fecha. Lo cual nos afecta, porque el planeamiento integral y la habilitación urbana, aprobada por la Municipalidad de Lima, ordena abrir calles a través de nuestra urbanización, utilizándolo como área de paso y trastienda de las futuras actividades comerciales, trastocando totalmente la vida de nuestra urbanización. Esto por el lado de la municipalidad de Lima. Ahora bien, por el lado del municipio de San Miguel, éste ha admitido a trámite en noviembre de 2003, un expediente incompleto que no contaba con habilitación urbana, como les digo, la habilitación recién fue aprobada en junio, y en noviembre ya el municipio de San Miguel aprueba un anteproyecto que no tiene la habilitación, no tiene la aprobación del INC, no contaba con estudio de impacto ambiental y, además, el procedimiento de calificación, en este procedimiento no se había convocado a los delegados del Cuerpo de Bomberos y del Indeci.
A pesar de todas estas deficiencias, se le aprueba este proyecto y se le otorga una licencia automática en un tiempo récord, en tres días. Ante las denuncias de los vecinos, se paraliza la obra el 15 de marzo, y se reinicia de manera ilegal en julio, porque no cuenta con ninguna licencia definitiva y no existe ninguna comunicación expresa del municipio de San Miguel para que se reinicie la obra. Por lo tanto, esta obra se ha iniciado sin que la dependencia del control urbano de la municipalidad de San Miguel cumpla con su función de impedir obras ilegales en el distrito, y sin la supervisión del Colegio de Arquitectos, tal como lo señala el comunicado institucional que el colegio ha emitido.
En tercer lugar, tenemos la situación del Instituto Nacional de Cultura, que es mucho más clamorosa todavía, ¿por qué? Porque el instituto ante una llamada de emergencia que justamente hizo el antropólogo Francisco Andía, dispuso una inspección en mayo y emite un informe, el 214, donde señala que antes de proseguir la ejecución de este complejo, se debe solicitar la opinión previa del INC. Muy bien, el INC, entonces, inmediatamente atiende este informe y comunica tanto a CMR Falabella como al municipio, que es necesario este documento y que sin esto no se debe continuar, se debe paralizar la obra. Además, por otro lado, Lima le comunica al INC y le dice: Señores, tenemos en trámite un planeamiento integral por 23 hectáreas y una habilitación urbana por siete.
¿Pero qué sucede? Lo sorprendente es que el INC, que ya tenía pleno conocimiento de la dimensión del terreno, por un lado, por nuestra denuncia, por los oficios emitidos por la municipalidad de Lima, admite una solicitud incompleta y sin mayor cuidado por nuestro patrimonio cultural. Y emite un certificado por un terreno de 44 mil metros cuadrados, cuando previamente había comunicado al municipio San Miguel; o sea, esto es realmente clamoroso, le manda un oficio al municipio de San Miguel donde dice que se está tramitando un certificado por 5.5 hectáreas y, sin embargo, emite un certificado por 44 mil metros.
¿Cuál es el problema que se emita por esta extensión? Es que esto simplemente es para evitar que se haga un estudio de investigación arqueológica, porque por más de cinco hectáreas se tenía que hacer un estudio de investigación arqueológica de todo el terreno. Entonces para evitarse eso, simplemente han ido achica precio, han ido achicando el terreno para evitar y evadir un requisito.
Este certificado transgrede la Ley N.° 27580, además, no sólo por el área, sino que la ley prohibe sin excepción alguna conceder autorizaciones en vías de regularización. O sea, no se puede hacer algo ex post; esto era antes, y hasta ahora no hay ninguna solución al respecto. Ante todas estas arbitrariedades, Ecoplan interpuso denuncias y acciones administrativas para que se declare la nulidad de todo lo actuado en estas tres instancias, y que se paralicen las obras que legalmente se venían permitiendo sin respeto, por un lado, a los vecinos; y sin respeto al patrimonio cultural de la nación. Creemos que el país necesita inversionistas que respeten el estado de derecho y autoridades que velen por la calidad de vida de los vecinos y del patrimonio cultural de la nación. Es por eso que estamos aquí.
Y queremos solicitarles que se forme una comisión investigadora, para determinar las responsabilidades penales y civiles en las que han incurrido los funcionarios tanto de la municipalidad de Lima, de San Miguel, como el Instituto Nacional de Cultura contra el patrimonio cultural de la nación. Asimismo, se pronuncian sobre la necesidad de que se paralicen estas obras hasta que se cumpla con los estudios de impacto ambiental y arqueológicos necesarios. Y se cambie la zonificación del terreno a una compatible con su vocación urbanística y cultural, en armonía con el entorno residencial que existe. De otro lado, creemos que es importante que el Congreso disponga que el INC y el Ministerio de Educación presenten un informe sobre el estado de conservación de los restos arqueológicos existentes en el terreno de la ex Feria Internacional del Pacífico. Y se constate si estos han recibido el tratamiento adecuado por sus propietarios, para que en caso de existir un mal uso o manejo de los mismos se tomen las medidas de protección previstas por la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Muchas gracias.
El señor Peralta Cruz.. La verdad bastante preocupado por el informe que nos ha dado la señora Bethsabé Andía. Según ha explicado ha habido una serie de vicios e irregularidades en los procedimientos para poder ejecutar este megaproyecto. Entendiendo esto, que incluso en los documentos que se nos ha alcanzado, tantos los vecinos como nosotros no nos oponemos al tema de la promoción de las inversiones; pero siempre y cuando éstas respeten el estado de derecho. Y como vemos últimamente el estado de derecho es justamente lo que no se está respetando. Hemos visto el tema del decreto de urgencia de LAN, hemos visto qué se hace con los organismos reguladores para incrementar tarifas eléctricas.
Entonces, yo creo que este es un caso adicional, pero que el Congreso y esta Comisión creo que no deben pasar por alto. De tal forma que yo tendría que hacerle algunas preguntas a la señora Andía y a los señores que lo acompañan, para que un poco nosotros podamos tener mayor conocimiento del problema y ver qué decisión la comisión puede tomar. Por ejemplo si no había autorización para el cambio de la habilitación urbana, ¿si es que se cumplió con el proceso de la consulta ciudadana? Porque los procedimientos y las normas establecen que tiene que haber un proceso de consulta a los vecinos. ¿Si es que hubo o no hubo esto?
Voy a hacer una relación de preguntas y luego no sé si pueden tomar nota. Y si es que sobre estas consultas, si hubieron, ¿cuáles fueron las opiniones en este caso del Instituto Nacional de Cultura? Luego, sobre el tema del estudio de impacto ambiental, escuché que no se realizó el estudio de impacto ambiental. Este es un tema sumamente grave, porque ahora para poder hacer cualquier obra, incluso pequeña, se requiere de un estudio de impacto ambiental. Yo quisiera que nos indique si es que este estudio de impacto ambiental no se ha realizado. Luego, si es que hay —aparte del estudio ambiental—, por ejemplo, los estudios viales porque entendemos, quienes acudimos o transcurrimos por la avenida la Marina encontramos de que esta avenida ya se encuentra por sí congestionada.
Lo que yo le decía, de acuerdo a lo que he escuchado, este es un proyecto mucho más grande. Si podría usted graficar la comparación entre lo qué es la Feria del Pacífico y lo que significaría este megaproyecto en el impacto, por ejemplo en el tema del congestionamiento de tránsito, que es justamente la tugurización, el tema del comercio ambulatorio y todas las cosas que traería. ¿Si es que estos estudios de impacto de estudio vial se han realizado?
¿Y si es que los vecinos han tenido oportunidad para poder apelar todas estas resoluciones, procesos, ordenanzas? También se ha mencionado por ejemplo de que habiendo ordenanzas ya establecidas, se ha hablado de la 311, 329 y 388, estas ordenanzas han sido trasgredidas. Yo creo que este es un tema grave que amerita responsabilidades civiles, administrativas y penales de los funcionarios. Luego, quisiéramos saber si es que ha habido una opinión por ejemplo del Colegio de Arquitectos, respecto al tema del cambio de la zonificación o de la habilitación correspondiente. Posteriormente, si es que el Indeci, el Cuerpo General de Bomberos y todos los organismos que se pronuncian o emiten informes, en este caso lo han realizado. ¿Si es que la municipalidad ha cumplido con esos procedimientos, o si es que existen informes en ese tema? Yo creo que es importante que la Comisión pueda tener conocimiento.
Ahora, se ha hablado de que no se les otorgó por ejemplo a la compañía una licencia definitiva. Bueno, aquí ha habido una sacada de vuelta al tema, cuando ustedes dicen que por la dimensión del terreno lo que se hizo fue no otorgar —porque fue una solicitud incompleta— por las 5.5 hectáreas porque esto conllevaba a realizar un estudio de investigación arqueológica, y se otorgó solamente certificación por 44 mil hectáreas. Yo creo que esto es una sacada de vuelta a la norma, que definitivamente no debe permitirse ni aceptarse. También hablaron de una licencia provisional. Y si es que ha habido otorgamiento de licencias especiales, por ejemplo, tengo entendido que, no sé si en noviembre o en diciembre ya parecen que van a culminar los trabajos, y que las obras se han venido ejecutando durante 24 horas en forma ininterrumpida con las repercursiones que trae a los vecinos.
Y el otro tema, que también se mencionó la vez pasada fue sobre el impacto en el tema económico en cuanto a la valorización de la vivienda. Porque se supone que cuando uno adquiere o decide ir a visitar a un lugar escoge una zona tranquila, una zona que sea residencial, una zona fuera de ruidos, en donde no hayan este tipo de molestias; pero vemos de que aquí ya va haber una perturbación con este centro comercial. ¿Y cuál sería el impacto en la valorización de las viviendas que en este caso, no sé si se van a ver perjudicadas o beneficiadas las personas que viven en San Miguel y que circundan este megaproyecto?
Yo si creo que esto amerita profundizar este tema, porque a simple vista de acuerdo a los documentos yo creo que aquí hay una flagrante responsabilidad de los funcionarios, tanto de la municipalidad de Lima como de los funcionarios de la municipalidad distrital por haber permitido que se violen normas y dispositivos legales. Muchas gracias, Presidente.
El señor Presidente. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra o preguntar a los invitados?
El señor De las Casas Orozco. Muy buenas tardes, señores congresistas, señores asistentes. Mi nombre es Luis de las Casas Orozco, soy arquitecto, especialista en planificación urbana y regional, mi DNI es 08251653. Mi presencia aquí está básicamente como asesor del Comité de Planeamiento, en realidad yo tengo una experiencia en este tema, he sido viceministro de Vivienda en anteriores ocasiones, y fui el autor justamente de la norma que desarrolló el Decreto Supremo N.° 008 de la licencia de construcción.
En esa norma, donde justamente lo que buscamos fue promover y facilitar la inversión privada tanto, de lo que yo llamo el sector estructurado privado y el sector no estructurado, que quiere decir los empresarios informales y los empresarios formales, en pocas palabras, tenía que tener un contrapeso. Y ese contrapeso consistía en incorporar por primera vez y de manera innovativa —ya que en meses antes se había dado la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental— el requisito de la certificación ambiental; es decir, la presentación de estudios de impacto ambiental aprobado por autoridad competente ambiental.
De esa manera podíamos garantizar que los cambios que vienen sucediendo en las ciudades de nuestro país, puedan estar de alguna manera armonizados con los derechos preexistentes de los vecinos que viven básicamente en estas urbanizaciones residenciales desde hace más de treinta años. Este es un problema general, esto es un problema que está sucediendo en varias ciudades del país. No nos olvidemos que ya tenemos no solamente a Lima, como un metrópoli, sino tenemos ya más de cinco metrópolis en formación. Y que por lo tanto este es un tema de mucho interés para esta comisión, no tanto por el resultado y de las afectaciones sobre los vecinos directamente afectados de San Miguel, sino porque este es un tema ya nacional y es un tema de prioridad para el caso de Lima.
Como hemos visto en el caso de Mesa Redonda, este es un nuevo caso donde la administración Castañeda demuestra su incapacidad para desarrollar las funciones que le competen. A la municipalidad provincial le compete planificar la ciudad; es decir, pensar cómo es su estructura vial, pensar cuáles son los equipamientos metropolitanos que la ciudad de Lima requiere y no estar metida en las minucias propias de los distritos, de alguna manera interfiriendo el desarrollo distrital, imponiendo centros comerciales y megaproyectos comerciales en una ciudad que no está preparada para ello.
El desarrollo comercial de Lima, como muchas ciudades latinoamericanas, se ha hecho con el esfuerzo de las familias y aquí hay que cuidar el trabajo, señores. El trabajo de todos ustedes que cada vez que se abre un megacentro comercial, lo que hace es liquidarles la oportunidad de mercados a todos ustedes.
Acabo de regresar de Buenos Aires y en Buenos Aires una ciudad dos veces más grandes que Lima no existe ningún megacentro de esa naturaleza. Hay una decisión política de cuidar el trabajo, porque como dice la empresa se van a abrir 500 puestos de trabajo ¿para quién? Para jóvenes de 18, 17, 20 años que no mantienen ninguna familia. Ese es uno de los impactos más importantes desde el punto de vista económico que va a tener este megaproyecto. Y la política urbana que se ha materializado en la Ordenanza N.° 620 que se acaba de aprobar en la Municipalidad de Lima está promoviendo y fomentando la imposición de megaproyectos comerciales en una ciudad que vialmente no tiene estructura capaz de soportar esos megaproyectos; en una ciudad donde el propio Decreto Supremo N.° 027, Acondicionamiento Territorial, dice: “Que la cobertura de un C-7 es para un millón de habitantes”. Es decir, ¿cuántos C-7 tendría que tener Lima y cuántos son los que están en la cartera de proyectos del doctor Castañeda?
Y lo más grave de todo esto y esto sí es una denuncia formal, y compete a esta comisión, es que estas licencias para megaproyectos comerciales son un sistema pernicioso de recaudación tributaria para la Municipalidad de Lima. Durante 60 años de desarrollo urbano de la ciudad de Lima y en el país en general, las leyes nunca impusieron que las urbanizaciones comerciales e industriales tuviesen que aportar terreno o dinero. Al señor Andrade se le ocurrió sacar la Ordenanza N.° 292 e imponerle a estos nuevos centros comerciales y a las nuevas urbanizaciones industriales este requisito, es decir, el gato despensero. Yo te apruebo todas las licencias que quieras de centros comerciales y desarrollos industriales, siempre y cuando pasen por caja; eso es lo que está pasando, señores.
Y los inversionistas privados se encuentran realmente anonadados porque, finalmente, esto no les otorga seguridad jurídica a sus inversiones. Tenemos el caso de Ambev, tenemos el caso de Tottus y todos los que van a venir. El caso Jockey Plaza, en fin, estamos creciendo desordenadamente. Quien tiene que velar por la regulación y el orden de la ciudad no lo está haciendo y está pensando en obritas pequeñas, viales, en lositas deportivas, en escaleritas; eso es función de las municipalidades distritales, señores. Esto es un bluff, esta gestión municipal es un bluff, es una gestión mediática de medios que no está amparada y soportada por un plan de desarrollo de Lima, una visión objetiva real, articulada y armonizada con los intereses tanto empresariales como sociales; ese es un primer punto importante desde el punto de vista general del problema.
Con relación al problema concreto de la Feria Internacional del Pacífico, nosotros hemos encontrado informes de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Vivienda de la década del 70, en que se le conminaba al señor Gosta Letersen a incluir estacionamientos al interior del lote ferial. Para responder a su pregunta, señor congresista. Hasta ahora la Feria del Pacífico no tiene estacionamientos suficientes, por decir, ni siquiera en un 50% de las capacidades que requiere para las actividades al interior de su lote. La Feria Internacional del Pacífico siempre operó con estacionamientos al exterior y todos hemos pasado por ahí, porque lo curioso de todo esto es que han matado la Feria Internacional del Pacífico que era una feria emblemática para tantas generaciones de limeños y la Feria del Hogar, en fin, toda esa simbología que es importante conservar en una ciudad, porque eso es parte del concepto de desarrollo sostenible, conservar, proteger.
Inclusive hubieron amagos de expropiación que, obviamente, con el lobby político se pudo superar y entonces la Feria Internacional del Pacífico, muere Gosta Letersen, lo asumen sus hijos y empieza a caer en la decadencia producto de la aparición de los centros comerciales justamente, y deciden, ya por una situación económica y financiera muy compleja, dividir el terreno y vender, y aquí empieza la novela de las grandes irregularidades.
El terreno de la Feria Internacional del Pacífico nunca fue un terreno urbano, sigue siendo un terreno rústico hasta la dación de la ilegal resolución 291 que aprueba el planeamiento integral y la habilitación urbana, ¿por qué?, ¿por qué durante 40 años la Feria Internacional del Pacífico no pudo ser urbanizado? Porque existían tres huacas al interior de la Feria Internacional.
Voy a dejar el tema de las huacas al antropólogo para que él dé fe de la historia de cómo se ha depredado y se ha dañado sistemáticamente con la anuencia del Instituto Nacional de Cultura. Lo único que quiero acotar y que esto es responsabilidad de ustedes, señores congresistas, porque también fue viceministro de Turismo y conozco sobre planeamiento turístico, un dato fundamental. La única ventaja comparativa turística que tenemos, como país, son nuestros restos arqueológicos prehispánicos, porque el patrimonio monumental de la época virreinal, también lo tiene Ecuador, también lo tiene Bolivia, también lo tiene México y Colombia; pero nuestros restos arqueológicos prehispánicos, no los tiene nadie en el mundo. Y nuestra imagen turística mundial es, justamente, esa. Y cómo es posible que en nuestra cara, en Lima se esté depredando el conjunto arqueológico más importante de la ciudad, solamente para que entendamos.
El Complejo Arqueológico Maranga es al valle de Lima lo que significa el Complejo Arqueológico Pachacámac para el valle de Lurín, es decir, si hubiera habido responsabilidad, cultura, sentido nacional en este país, el distrito de San Miguel sería hoy el Centro Cultural de la Megalópolis de Lima, Callao en el siglo XXI; lo hemos perdido para siempre, para las próximas generaciones. Esa es la responsabilidad que se tiene que asumir, eso es lo que se tiene que investigar y tenemos que para parar de una vez por todas el atropello, el abuso y el incumplimiento de la ley peruana por inversionistas chilenos o extranjeros que vengan aquí al Perú a pisotear nuestro patrimonio monumental, nuestra identidad nacional.
Queremos poner coto a esta situación y por eso hemos venido aquí a esta instancia política que defiende los intereses de la República para que de una vez por todas se llame a los funcionarios públicos, se paralice esta obra y se investigue a fondo. Y en tanto y en cuanto no se haga esa investigación y se determine las responsabilidades, no se vea cómo regularizar esta situación, porque la ley del amparo, ojo, la ley del amparo como el patrimonio monumental es preeminente a cualquier derecho de propiedad ¡cuidado! porque aquí va a venir la empresa a decir que la libertad de empresa y todo este tipo de derechos económicos que sí hay que respetarlos, pero que no son preeminentes a la defensa del patrimonio monumental que no son preeminentes a la defensa y al derecho a la salud, porque estos megaproyectos tienen altos impactos negativos sobre la salud de las personas. Solamente en este proyecto, en esta primera etapa se podrían potencialmente construir 300 mil metros cuadrados de construcción, 300 mil metros cuadrados de construcción. Torres de 22 pisos de altura, torres, por ejemplo, parecidas a la del ICPNA que, ilegalmente, también con un cambio de zonificación, delivery como le decimos los especialistas, es decir, a pedido personal se otorgan en este país. Entonces, tenemos que ser muy claros en esto de pensar que los antecedentes están señalándonos una conducta de los propietarios con relación a los monumentos que debieron cuidar. Una conducta de los inversionistas sobre el cumplimiento de la ley. Como bien ha dicho la Presidenta, aquí hay dos procesos que marcan la nulidad de todo lo actuado.
En primer lugar, el hecho de que la ley al patrimonio obliga que si existe la presunción —porque así dice la ley— sólo la presunción de que un bien esté relacionado con un monumento arqueológico prehispánico, en ese momento el propietario no la municipalidad, tiene que apersonarse al Instituto Nacional de Cultura y solicitar su opinión previa. La empresa no lo hizo en su momento y hasta ahora el Instituto no ha emitido opinión, lo único que ha hecho es emitir un certificado inexistencia de restos arqueológicos, pero no ha opinado si el planeamiento integral, urbanístico donde se están abriendo calles a través de la urbanización que podrían estar pasando encima de monumentos arqueológicos ¿no?, no ha emitido opinión; punto uno. Para el planeamiento urbanístico no ha emitido opinión, para la habilitación urbana ni tampoco ha emitido opinión para la construcción del edificio, porque, obviamente, si ustedes pasan por la avenida La Marina, éste es un edificio que tiene el equivalente, en términos de pisos de edificios multifamiliares, algo así como entre 5 y 6 pisos de altura, cuando todos sabemos, por cultura general, que el Perú es signatario de un acuerdo internacional de protección de monumentos que dice a la letra que ninguna edificación en el área de influencia, en el entorno de un monumento puede superar la altura del monumento.
Entonces, la empresa dice, señores, nosotros tenemos un certificado de inexistencia arqueológico. La huaca está a 200 metros. Bueno, pues, está a 200 metros y el hecho de que esté a 200 metros no quiere decir que usted no tenga la obligación si es que el Instituto hubiese cumplido su función de determinar cuáles eran los parámetros y las condiciones de edificación de cumplir con esas condiciones y hay que calicatear. Cómo es posible que un funcionario del Instituto Nacional de Cultura se haya apersonado a una excavación de 8 metros de profundidad y decir. Bueno, señores, constato en esta inspección que observando el corte de 8 metros de profundidad no se observa ningún resto arqueológico. Pero, claro, qué se va a observar si ya se lo habían llevado, ya está en el mar de Magdalena, ya está tirado como desmonte en la Costa Verde.
Lo que ese señor debió haber dicho y constatar, es que se había ejecutado una obra y una excavación sobre un área donde no existía un certificado previo de inexistencia de restos arqueológicos, donde no se había emitido una opinión previa del Instituto Nacional de Cultura (7) y donde esa empresa, sin licencia de construcción, sin su autorización previa había hecho; y, por lo tanto, tenía que aplicarse la ley, que son las penas de orden penal y administrativo que acarrean a los propietarios. Entonces, estamos frente a una situación en la cual el Instituto Nacional de Cultura que es una entidad del Poder Ejecutivo, yo me he reunido con el maestro y profesor Javier Sota, le he contado esta situación, le hemos hecho la denuncia, él es la única persona, en este momento, que puede paralizar esa obra porque obviamente el alcalde de San Miguel está comprometido, y obviamente también el Instituto Nacional de Cultura. Estamos a la espera que él actúe, ustedes como comisión pueden solicitarle su presencia y pedirles que nos informe y que nos diga por qué no se paraliza esa obra, él es un arquitecto prestigioso, un miembro de la comunidad científica, cultural e intelectual de nuestro país, de primera magnitud, es un arquitecto y un planificador urbano conocedor de estos temas, él no puede, en este caso, dar una opinión contraria a lo que la ética profesional lo obliga.
Respecto al impacto ambiental quiero mencionarle lo siguiente y esto es sumamente importante porque aquí se está violando el derecho de participación ciudadana de los señores que son directamente afectados y que son más de 500 familias. Más de 500 familias que se van a ver afectadas. Un dato, económicamente. ¿Qué pasó con el Estadio Monumental de la “U”? Ha salido publicado en el diario El Comercio, 60% se desvalorizaron las propiedades cercanas al Estadio Monumental de la “U”. El hecho que se haga un centro comercial no quiere decir, necesariamente, que las propiedades se vayan a revalorizar o subvaluar, dependiendo del caso. Mi experiencia personal me indica que en este caso va a suceder la subvaluación, que no es el mismo caso que el Tottus que se hizo, por ejemplo, en el Cono Norte, porque en una zona heterogénea como es el Cono Norte, la zona de Comas, de Independencia, de Carabayllo, una inversión de esta naturaleza sí eleva el valor, no solamente del suelo, del terreno, sino también de la edificación. Se genera una plusvalía, exactamente. Pero en el caso de zonas homogéneas, residenciales, consolidadas, esto quiere decir que ya no hay terrenos sin construir, que tienen una altura homogénea; es decir, son casas unifamiliares con no más de tres pisos, ¿qué es lo que ocurre económicamente? Eso está probado, señores.
Que viene un inversionista y te dice: “Señor, bueno, como ya tienes tu centro comercial, hermanito, ahora te pago el valor de tu terreno. Antes tu terreno como casa valía con 100. Bueno, ahora pues se habrá revalorado 20%. ¿Y el valor de la fábrica, señor? No pues cero, si la tengo que demoler, porque lo que voy hacer aquí es un edificio de cuatro pisos o de cinco pisos, Mivivienda. Eso es lo que va a ocurrir en San Miguel, eso es lo que está ocurriendo en todo Lima, porque no hay una política urbana, adecuada, que utilice los instrumentos y los programas de vivienda para mejorar la zona subutilizadas, y las zonas tugurizadas, y las zonas subvaluadas de la ciudad. Para eso debe estar orientado, para eso son instrumentos de política, urbanística. No, aquí se ha aplicado, por ejemplo, el Programa Mivivienda a rajatabla, a toda la ciudad, como si la ciudad fuera un ente homogéneo, como si fuera un espacio abstracto, donde no suceden realidades distintas. Y, entonces, obviamente, por economías de aglomeración, por economías externas, obviamente, los inversionistas van a preferir pues clavar su Mivivienda, en Chacarilla, en Surco, qué sé yo, en zonas que de alguna manera también tenemos que respetar que tienen una manera de vivir, ¿correcto?, y que también son compatriotas nuestros, y que también tienen el derecho a la tranquilidad; y, para eso pagan un Impuesto Predial muchísimo mayor que otras zonas de la ciudad.
Entonces, el estudio de impacto ambiental que tiene como base legal un acuerdo del Consejo Metropolitano, el N.° 126, y que ha sido aprobado en el Plano de Zonificación del artículo 1.° de la ordenanza N.° 311 que cambia la zonificación del terreno de la Feria Internacional del Pacífico obliga, a la Feria Internacional del Pacífico y a quienes le compraron, a presentar —como era obvio— un estudio de impacto urbanístico y ambiental de la totalidad de las 23 hectáreas. Este documento, señores, es un documento de CONAM, es oficial, aquí se regulan cómo se deben presentar, tramitar, cuáles son los contenidos, las tablas, las preguntas, qué es un estudio de impacto ambiental y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental define que la autoridad competente, en este caso, es el sector; es decir, el Ministerio donde la empresa tiene mayor actividad, en este caso, la empresa promotora de este proyecto y propietaria del terreno es una inmobiliaria; y, por lo tanto, su sector correspondiente es el Ministerio de Vivienda y por eso estamos también en esta Comisión y no en la Ecología, porque podrán decir, bueno, es un tema de impacto ambiental, ¿por qué no está en la de Ecología? No, porque acá hay un tema de competencia y éste es el sector, Vivienda, el competente.
El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, del nuevo Ministerio de Vivienda establece cuáles son esas competencias para dar la certificación ambiental y dice claramente que la Dirección Nacional de Urbanismo será la encargada de certificar ambientalmente los estudios de impacto presentados en materia de urbanismo y habilitaciones urbanas.
Y la de Dirección Nacional de Vivienda, de certificar todo aquello que sea correspondientes a las edificaciones, pero acá hay un tema que es importante que ustedes, señores, todos sepamos porque a veces hay un problema de información.
Estos estudios de impacto ambiental tienen cuatro componentes fundamentales: Primero, un diagnóstico ambiental. Luego un plan de mitigación de impactos ambientales; es decir, cómo vamos a hacer que estos impactos diagnosticados no afecten tanto, no sean tan negativos. Luego, y lo más importante, un plan de participación ciudadana. No tienen validez en el Perú los estudios de impacto ambiental que no contemplen un plan de participación ciudadana que está expresamente detallado en este documento, desde cómo se convoca a una audiencia pública y cómo se dirige; y, cómo se toman los acuerdos para que tengan efectos vinculantes y validez legal. Y el último componente de un estudio de impacto ambiental es el plan de seguimiento y monitoreo; es decir, que este proceso no acaba con la certificación porque el proceso termina en la medida en que el proponente o el administrador del proyecto cumpla con las medidas que el estudio indica y ahí también tenemos un componente de participación ciudadana, porque si son transparentes los promotores y los inversionistas de estos proyectos, entonces, incorporan en esta etapa de evaluación y seguimiento también a organizaciones vecinales como veedores y certificadores de que se están cumpliendo con las metas y con el plan de mitigación.
Esto no se ha querido hacer por una adicional razón, porque también, señores, estos estudios de impacto ambiental velan por la protección del patrimonio monumental y entonces aquí lo que se da es una conjugación de funciones del Instituto Nacional de Cultura, y de funciones inherentes a los estudios de impacto ambiental, porque las investigaciones arqueológicas, que se tienen que hacer en este caso, tienen que estar predeterminadas en función de qué nivel de estudio de impacto ambiental vamos a tener; porque como sabemos, hay declaración de impacto ambiental, hay estudios semidetallado y estudios detallados. Entonces, dependiendo de la profundidad del estudio, la investigación arqueológica también calza con ello. Entonces, aquí tenemos dos elementos, eran previos al trámite. Ojo, por favor, señores, es previo al trámite. Que era competencia y obligación del proponente; es decir, de la empresa.
Solicitar la opinión previa del Instituto Nacional de Cultura que lo que hubiera dicho no es otra cosa que lo que estaba en sus informes iniciales; es decir, señores, hagan una evaluación arqueológica; un plan de investigación; determinen cuál es el área restringida del monumento; cuál es el área de influencia del monumento; cuáles son las condiciones con las que se tienen que edificar en el entorno para que no ocurra lo que hoy día todos ustedes pueden observar al pasar por la avenida La Marina y con la ampliación de Ripley, y el tercer y segundo piso de Saga Falabella.
Señores, ustedes ya nunca más, ni sus hijos, ni sus nietos, podrán ver la Huaca del Parque de las Leyendas, lo que yo sí vi; lo que mis padres sí vieron —con mucho orgullo— yendo o regresando del Aeropuerto Internacional. Eso ya no se ve más. ¿Ese va a ser el patrón de crecimiento?, ¿ese es el ejemplo que va a dar Lima, la primera ciudad del Perú, de cómo se gestiona una ciudad? Esas son las preguntas de fondo y esas preguntas tienen que materializarse en una normativa y esa normativa tiene que materializarse aquí, en el Congreso de la República porque las municipalidades hacen lo que les da la gana, porque nosotros también hemos sido víctimas, al igual que todos ustedes, de cómo se esconde la información. Nosotros hemos tenido que solicitar la intervención del Ministro de Educación para que el Instituto Nacional de Cultura nos brinde la información tres meses después, porque muchos de ustedes se dirán, ¿bueno, y por qué pues están aquí presentes a 18 días de la inauguración de la tienda? Porque no nos daban información, señores congresistas, porque no solamente es una cuestión de piel, es una cuestión de dinero, porque el Poder Económico se impone sobre la ley, sobre los derechos, porque no estamos construyendo una sociedad de derechos, porque no somos iguales; y, todos los días, cotidianamente, nos estamos refregando eso en la cara y eso es lo que baja la autoestima de nuestro país y por eso no nos sentimos ganadores, y por eso no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, y por eso no defendemos lo que tenemos.
Yo me aprecio de tener mitad de mi sangre mexicana, mi madre es mexicana. En México esto yo sé que nunca hubiera sucedido, por el sentido nacional, porque ahí sí se defiende, porque ahí la transnacional Bolmar se tuvo que ir con el rabo entre las piernas porque quisieron hacer un centro comercial en la zona, ni siquiera de influencia, del Parque Arqueológico de Toetihuacan; porque en México, en la Plaza Mayor, se demolieron edificios completos para poder rescatar los cimientos de los palacios aztecas. ¿Qué nos diferencia? Somos la misma cultura, yo no puedo aceptar que en el Perú eso pueda suceder y por eso estoy presente acá, y con esa vehemencia, y con ese fervor, y con esa convicción vengo a esta comisión, a esta comisión a denunciar que dentro de 18 días Ó 10 días se pretende inaugurar en el Perú la arbitrariedad, dentro de 18 días se pretende inaugurar en el Perú el dominio hegemónico de una economía de un país vecino, porque el gobierno ha demostrado en los últimos años no tener una posición clara sobre este tema. Y yo creo que en este caso debemos, todos los peruanos, reflexionar no sólo sobre el caso concreto de los derechos de los señores de San Miguel, sino de hasta cuándo. ¡Basta ya!, ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando el atropello, la prepotencia? Por eso, señores congresistas, para finalizar, nosotros le pedimos que ustedes convoquen a esta comisión investigadora, llamen a los funcionarios públicos, porque nuestra lucha no es contra la empresa. Nosotros sí creemos en la inversión privada, pero una inversión privada de calidad, una inversión privada con responsabilidad social, una inversión privada con compromiso ambiental, una inversión privada que respete los derechos preexistentes, no sólo culturales; ésa es la inversión de calidad, ésa es la que el Perú requiere.
Y, sin embargo, los medios nos están enfrentando frente a la empresa. Y cosa curiosa, la empresa es la que sale a defender a los funcionarios, y llevamos ya una campaña de medios de tres semanas —ustedes lo pueden corroborar— y hasta ahora ni el Alcalde de Lima ni el Alcalde de San Miguel ni el Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura han dado la cara. Por eso es que pedimos que ustedes lo llamen y que den la cara acá, y nosotros estaremos acá para confrontar sus argumentos.
El señor Presidente. Entonces, propongo a los colegas con el respeto y la venia de nuestros invitados, sinceramente que me disculpen, pasar de una vez como una suerte de ya ponerlo a Orden del Día y formar una comisión para que se aboque al tema de Plaza San Miguel y que de una vez atienda y resuelva las reclamaciones que nos han formulado el día de hoy.
Propongo, colegas, si me lo permiten con las disculpas, por favor que comprendan nuestros invitados, que el colega Carlos Armas en su condición de responsable del grupo se aboque a este trabajo, y que los colegas que deseen participar en la misma se puedan incorporar lo más rápido posible y llegar a una conclusión que satisfaga, evidentemente, los reclamos de la ciudadanía de San Miguel.
El señor Aita Campodónico. Señor Presidente, yo creo que le hemos dado un buen tiempo, pero el tema de fondo no deberíamos dejarlo pasar si podemos intervenir unos minutos, creo que es sumamente importante. Yo quiero felicitar realmente que venga aquí al pleno de la Comisión a poder hacer una denuncia de esta calidad.
Y sobre todo la exposición muy clara y precisa que ha hecho el arquitecto De la Casas. Particularmente, pensamos nosotros que no podemos dejar que se sobrepasen nuestros derechos, que son importantes. Y si estamos a 18 días de la inauguración, no se olviden que la fábrica Lucchetti también se cerró cuando se demostró que hubieron problemas, sobre todo de medio ambiente; y aquí tenemos un problema cultural, que en todas partes del mundo cuando tenemos un problema cultural definitivamente se zanja a favor de la cultura, porque creo que es el respeto que tenemos que tener.
Por ello, Presidente, yo totalmente de acuerdo con lo que manifiesta el congresista Peralta. Y deberíamos aquí mismo citar a todas las personas involucradas: el Alcalde de Lima, el Alcalde de San Miguel, Heresi y Castañeda; y en el caso del INC, si no me equivoco, es el señor Lumbreras. Creo que ellos tienen que responder porque aquí se ha actuado muy rápido y se ha violado y se ha violentado realmente todo lo que nosotros necesitamos. Hoy día hemos hecho una explicación bien clara de lo que significa la identidad peruana, y es parte de nuestro desarrollo cultural; y debemos respetar una norma que nos ha costado muchísimo aquí en el Congreso dar sobre el tema de participación ciudadana, que creo que se está violentando.
Hoy en día que se tiene que construir, cualquier municipalidad tiene que ver su presupuesto participativo y tiene que tener participación —valga la redundancia— en todos estos temas. Yo creo que es un tema de fondo que, bueno, con la ayuda y la comisión que se va a formar en el Congreso vamos a lograr realmente solucionar este tema. Gracias.
La señora Chuquival Saavedra. Saludo a la Comisión de San Miguel que ha llegado a esta comisión para exponer la problemática que hemos escuchado. Yo estoy de acuerdo, ha caído en buenas manos la comisión, la responsabilidad de la comisión, yo sé que van a tener un buen apoyo. Estoy de acuerdo en todo lo que han expuesto, pero quiero decir algo: como maestra mi deber es siempre defender a los jóvenes. El arquitecto había hablado que más o menos iba a dar oportunidad da 500 jóvenes, y yo digo que todos los jóvenes tienen oportunidad de tener un trabajo antes de que se conviertan en elementos negativos para la sociedad. En eso estoy muy de acuerdo que las empresas den oportunidad de trabajo a nuestros jóvenes. Si no damos apoyo a la juventud vamos a tener, pues, jóvenes deambulando por las calles, con malas costumbres lamentando.
Entonces, si las empresas vienen para dar trabajo a nuestros jóvenes, bienvenidas las empresas. Ahora, en la situación en que está esta empresa, ahí sí tenemos que reaccionar y tenemos que invitar a los responsables que han dado el pase para escucharles también a ellos, porque solamente así podemos llegar a una comprensión escuchando a ambas partes. Ahora hemos escuchado a una parte, nos tocará escuchar a la otra parte. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor Armas Vela. Presidente, saludando la presencia de los representantes de los vecinos de San Miguel. Espero que nuestra comisión pueda coordinar con ustedes convocando a los funcionarios de los municipios distritales de San Miguel, la Municipalidad de Lima Metropolitana, al Jefe del Instituto Nacional de Cultura para que en esta comisión puedan responder por las irregularidades que se han dado en la licencia y el trabajo que se ha hecho en la construcción de este centro comercial.
Creo que el derecho de los vecinos está por encima de cualquier atropello, más aún de inversionistas extranjeros que no entienden que, estoy seguro, en su país no aceptarían jamás que estas acciones se den. Así que empecemos nosotros a hacernos respetar y estaremos convocando, Presidente, a las autoridades de estas instituciones públicas.
IV.- ORDEN DEL DIA
El señor Presidente. Visto el pedido que ha formulado la colega Enith Chuquival y entendiendo con cargo a cuando se pase a la estación se regulariza, hay un planteamiento de formar un grupo de trabajo por el tema de Mesa Redonda y que éste se encargue de todas las cosas que tengan que desarrollarse. Es más, aprovecho porque la señora, la representante de esta asociación nos ha dejado un documento que dice: acuerdo de acciones coordinadas para el cumplimiento del Decreto Supremo N.° 008.
De manera que visto el pedido y la propuesta, yo propongo a los integrantes de esta Comisión encargarle a la colega Enith Chuquival que vea el tema de Mesa Redonda por un plazo no mayor de 30 días. Los que estén de acuerdo. Aprobado por unanimidad.
El señor Presidente. Los colegas que estamos de acuerdo para nombrar el grupo de trabajo y encargándole al colega Armas la responsabilidad que investigará las irregularidades en la construcción del Mega Centro Comercial SODIMAC – TOTTUS.
, sírvanse manifestarlo de acuerdo a la señal característica. Aprobado por unanimidad. Gracias
El señor Presidente. Siguiendo la sesión, empezamos con la sustentación del dictamen que inicialmente fuera observada por el Poder Ejecutivo, y que propone la Ley de Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales, y Urbanizaciones Populares. Quiero mencionar que este es un texto sustitutorio, porque el texto que ha sido tanto observado por el Ejecutivo, en la práctica ha sido considerado en este texto que se va a mencionar.
El señor Armas Vela. Señor Presidente, este dictamen fue aprobado por nuestra Comisión en la Legislatura 2002-2003, y por la Comisión Permanente el 9 de julio de 2003.
Estando plenamente de acuerdo con el texto original de la insistencia aprobado en la legislatura pasada, que, repito, solo difiere del texto presentado hoy día a debate en la adición de dos líneas al final del artículo 2.°, solicito que nos ratifiquemos en el texto ya aprobado en dos legislaturas consecutivas por nuestra Comisión, a fin de no dilatar aun más las justas expectativas de los humildes pobladores de los asentamientos humanos del Perú que nos vienen reclamando la dación de esta norma hace más de dos años.
La señora Chuquival Saavedra. El dictamen en minoría es coherente con la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual en su artículo 79.° especifica las funciones exclusivas de las municipalidades provinciales; y en su inciso 1.4.3 precisa la de reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos; y, a su vez, las municipalidades distritales en el inciso 3.5 se encargan de reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización. Es preciso señalar que la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 20.° establece las atribuciones del alcalde; y en su numeral 26) señala que el alcalde preside las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal, integrada también por Coprofopi, o designa a sus representantes en los lugares en que se implementen.
Cabe puntualizar que las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 05-2001, concordante con el Decreto Supremo N.° 21-2002, están conformados por representantes de la municipalidad provincial, representantes de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, representantes de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, representantes del Registro Predial Urbano y otros miembros que su participación se considere necesaria por la Comisión, tales como el Instituto Nacional de Defensa Civil, Programa Nacional de Mantenimiento de Ríos, Cuencas Hidrográficas y Suelos.
Con la dación de la Ley Orgánica de Municipalidades, es el alcalde quien las preside. Dicha conformación es representado en el artículo 7.° del dictamen en minoría. Cada miembro de las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal, Coprofopri, cumple una función específica que evita la intervención de muchas instituciones de forma independiente; y, de esta manera, garantiza la transparencia en el proceso de formalización —objetivo del dictamen en minoría—, y favorece la gestión municipal. Es por ello que el dictamen en minoría en el artículo 3.°, numeral 3.1, establece que el alcalde provincial, quien preside las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal, Cofopri, y en el numeral 3.2 se establece que son éstas las que efectúan el proceso de saneamiento con lo cual no se está recortando facultades a las municipalidades en saneamiento físico-legal de posiciones informales.
Con relación a la sexta observación del Ejecutivo que sostiene que al atribuir a las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal la facultad de incorporar en su inventario de terrenos y disponer la inscripción de la titularidad a su nombre se colisiona con las funciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales. En este sentido, el dictamen en minoría, en su artículo 6.°, numeral 6.1 establece que Cofopri, en su calidad de Secretaría Técnica de las Comisiones Provinciales de Formalización, identifica los terrenos estatales, fiscales o municipales con vocación urbana, excepto los de propiedad del gobierno regional y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.° del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, el que en su segundo párrafo, precisa: “En el marco del proceso de descentralización y conforme el criterio de subsidiaridad, el Gobierno más cercano a la población es el más idóneo que ejerce la competencia o función. Es factible legalmente que sean las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal quienes identifiquen e inscriban a su nombre los terrenos estatales para fines urbanos únicamente, ya que se encuentran más cercanos a la población y al gobierno local”.
El señor PRESIDENTE.— ¿Alguna otra opinión de los colegas?
Yo quiero advertir a los colegas que se han manifestado que éste no es un dictamen en mayoría ni en minoría, éste es un nuevo dictamen sustitutorio y, consiguientemente, como nuevo dictamen se está haciendo esa propuesta. Si nosotros vamos a una insistencia con relación a lo que aprobamos la vez anterior, lo hubiera considerado como tal, hubiera puesto que es una insistencia; pero yo, en ningún momento, cuando ustedes, si gustan pueden recurrir a la grabación, he manifestado de insistencia, he dicho nuevo dictamen o nuevo texto sustitutorio a los temas o a los textos que se han abordado anteriormente.
Si este tema, como quiera que todavía al aprobarse el día de hoy, no se va a exonerar del trámite de lectura de acta, puede todavía ser sujeto a una observación en la siguiente sesión. Consiguientemente, colegas, éste es un nuevo texto que se está presentando como texto sustitutorio a los temas que hemos aprobado anteriormente. Eso es todo, pero nos estamos generando una confusión innecesariamente.
El señor Armas Vela. Señor Presidente, habida cuenta que la congresista Chuquival con su dictamen, punto de vista en minoría, y quien habla que sostiene que deberíamos ir a la insistencia porque esto significaría retrasar más y, más bien, la Comisión poder procurar ganar consenso en el seno del Pleno, yo pediría lo podamos ver en la próxima sesión.
El señor Aita Campodónico. Señor Presidente, yo creo que es importante el nuevo texto sustitutorio que se nos presenta, poder empaparnos un poquito más para traer conocimiento.
El señor Presidente. Sí. Habiendo escuchado las opiniones de los diferentes colegas, yo les hago recordar que este documento ha sido entregado mucho más antes de las 24 horas anteriores. Este documento ha sido entregado, el 12 de octubre y ha sido entregado, inclusive, con anterioridad, el documento ha estado en su despacho para que ustedes lo puedan analizar, evaluar y hacer los agregados o modificaciones correspondientes. De manera que existe una corresponsabilidad de los integrantes de esta Comisión de no tener bien en cuenta los detalles de este documento.
Y, en segundo lugar, si es insistencia, es obvio que hubiera planteado el tema por insistencia. Si tuviera yo la posibilidad de que vamos a obtener la insistencia del conjunto de todos los colegas, propongo como insistencia; pero como veo que no es viable la insistencia ni puede haber el allanamiento parcial es que se ha considerado un nuevo texto y ese nuevo texto es el que se les ha hecho llegar a sus despachos.
Y yo les invocaría a los colegas que tengan la amabilidad de dar un repaso a los dictámenes que se les alcanza para que vengan con una opinión y no estemos aquí tergiversando las cosas. Siendo las 7 y 30 de la noche se levanta la sesión.
JOSE LUIS RISCO MONTALVAN
Presidente
CARLOS ARMAS VELA ENITH CHUQUIVAL SAAVEDRA
Vicepresidente
RAFAEL AITA CAMPODONICO ALEJANDRO ORE MORA
JHONNY PERALTA CRUZ
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