REGIONAL POBLADORES DE SELVA ¿CONSUMIDORES DE SEGUNDA CATEGORÍA? CON

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La Selva Peruana quiere consumir respeto

REGIONAL

Pobladores de selva, ¿consumidores de segunda categoría?

Con el entusiasmo de los voceros del Estado y con el optimismo del sector comercio, sobre todo el de los grandes distribuidores nacionales, se anuncia que en estas fiestas de fin de año el consumo nacional dejará importantes utilidades que superarán récords de años anteriores. Más allá de estas premoniciones de éxito económico, se debe señalar un aspecto que bordea la desidia por no decir el escándalo, sin que ello signifique que estamos señalando actos de corrupción de algunos funcionarios estatales.

Productos vencidos, adulterados, falsificados y en mal estado, son el alimento, el medicamento, y el vestido cotidiano de los consumidores. Las marcas más promocionadas; llegan a los puntos de venta con pocos días de vida útil, con los empaques deteriorados y en muchos casos notoriamente manipulados. No se discrimina siquiera entre los productos de consumo humano directo y exponen al consumidor a intoxicaciones y hasta a la muerte.

Llegar a una farmacia de algún pueblo rural de la amazonía para adquirir un producto es tan inseguro en resultados como si de sacarse la lotería se tratara: ¿será mi remedio o mi defunción?¿será aspirina o yeso? Adquirir un producto alimenticio envasado corre el mismo destino que una ruleta rusa. Dudamos mucho que las autoridades no tengan conocimiento de esto y, por ello, ¿será que consideran a los pueblos del interior y en especial a los de la selva como el lógico destino de estas peligrosas mercancías?

La Selva Peruana quiere consumir respeto y no cuestiona que se controle la distribución y calidad de los productos en los mercados de las ciudades; pero sí duda de la eficacia del sistema que se está aplicando para controlar la calidad de los productos que se distribuyen en las ciudades menores del interior.

Así, teniendo en cuenta los perjuicios a los bolsillos y a la salud que esta situación, es bueno preguntarse dónde están INDECOPI, la SUNAT, DIGESA, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Los pobladores de estas zonas alejadas son los grandes excluidos del sistema de protección al consumidor, además de ser los que más desconocen sus derechos y por lo tanto no han generado capacidades para ejercerlos, incluyendo el agravante de que cualquier protesta les resulta complicada y costosa.

Con preocupación vemos como los canales de distribución que provienen de las ciudades costeras ya han llenado los bazares y tiendas con juguetes diversos, muchos de ellos posiblemente tóxicos. Observamos como se exhiben panetones, licores y otros productos de dudosa calidad, a pesar de poseer marcas prestigiosas. Con indignación también hemos observado que los datos que se registran en muchos empaques de productos nacionales y/o dizque importados son claramente simulados, con registros sanitarios inexistentes, códigos de barra ilusorios, registros de contribuyentes con trece números, direcciones de empresas inexistentes, fechas de expiración reselladas y otras perlas más.

Aunque las leyes lo señalen, no somos afines a creer que la solución pasa por iniciar pesquisas en los minoristas de estas ciudades, es decir a las bodegas y puestos de venta de mercados y calles, a través de las municipalidades distritales. Estos comerciantes comparten el mismo desamparo que el consumidor final, no tienen a nadie que los asista y los proteja. Hemos sido testigos de excepción de las amenazas de desabastecimiento que ejercen los distribuidores mayoristas sobre ellos, «o lo recibes o se lo llevo a otro y ya no te vendo nunca más». La distribución mayorista para los productos de consumo masivo reposa en unas pocas empresas, las cuales hacen lo que les viene en gana ante la falta de supervisión de las entidades calificadas para ello. Muchas veces, dan hueso por carne, es decir, ofertan una marca y entregan un fraude y aunque se den cuenta del engaño muchas veces deben de recibirlo e intentar venderlo para mantener la buena relación con su abastecedor habitual, quien generalmente tiene el monopolio sobre el territorio. Sin embargo, aun cuando estas empresas mayoristas son claramente identificables, no se ejercen fiscalizaciones a sus depósitos, a sus proveedores ni a los camiones distribuidores ni, mucho menos, se conocen sanciones.

Demás está mencionar las carencias logísticas y operativas que tienen las municipalidades rurales para cumplir con la tarea de inspección. Es evidente la ausencia de personal calificado y la falta de apoyo de las fuerzas del orden que, a su vez, tienen limitado personal disponible. Además, generalmente no existen representantes del Ministerio Público que verifiquen la intervención, tal como lo establecen las normas. En pocas palabras, aunque intervengan, sus acciones no tendrán ningún respaldo legal y podrían inclusive ser acusados de abuso de autoridad.

La única vía de abastecimiento de la selva central es la que parte desde la carretera Central. Entonces; así como se lucha contra el tráfico ilícito de drogas, interviniendo los buses y transportes que salen circulando por esta ruta; ¿por qué Indecopi no controla a las unidades que traen mercaderías a la selva? ¿Es que adulterar y amenazar silenciosamente la vida de las familias selváticas, no es un delito que le interese a Digesa? ¿Montar todo un sistema de estafa precalificando al consumidor de subnormal, no es de importancia para la Fiscalía? ¿Se espera que las víctimas de este desamparo se hagan visibles por volumen para que intervengan las autoridades policiales?

desco Opina - Regional / 17 de diciembre 2008

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