LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ESPACIOS DE IMPUNIDAD

271 LUCHAR POR LA JUSTICIA AL VIENTO DEL ESPÍRITU
8TH GRADE SCIENCE PHYSICAL SCIENCE TEACHER MR LUCHANS SCIENCE
AGRES 2387 (XXXVIIIO08) ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO Y LUCHA

AGRES 2467 (XXXIXO09) ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO Y LUCHA CONTRA
ATLETISMO E L ATLETISMO (EN GRIEGO ΑΘΛΟΣ [ATHLOS] «LUCHA»)
“2015 AÑO DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER” MINUTA

Propuesta de puntos de Declaración

Lucha contra la Corrupción y Espacios de Impunidad.

Documento de Sustentación.

DESARROLLO TEMATICO

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y CORRUPCIÓN

Sociedad y Corrupción

En Iberoamérica la corrupción¹ se ha constituido en el más devastador de los flagelos de la administración pública y de la vida social; contaminando y echando raíces en lo más profundo de las estructuras de las naciones, generando una cultura de robo, encubrimiento y falsedad, enquistándose en los organismos del estado y protegiéndose tras un muro de impunidad. El fenómeno “corrupción” es cíclico, ya que si bien sus mayores manifestaciones ven la luz en el aparato estatal, muchas de estas acciones están promovidas por intereses particulares, que de esta manera, privan sobre el bien común.

La percepción general de la mayoría de sociedades Iberoamericanas en relación con la corrupción y los aparatos de gobierno, es alta.

La corrupción se constituye además en un lastre para el desarrollo de la sociedad en todos sus ámbitos; distorsiona el fenómeno económico, altera los roles sociales e inclusive vicia las manifestaciones políticas y culturales de una nación. Múltiples son los casos de corrupción dentro del aparato estatal, traduciéndose en un claro desencanto y divorcio de la sociedad con las instituciones del estado, quienes, en lugar de velar por los intereses comunes se han trastocado en herramientas al beneficio de unos pocos.

Dentro del contexto anterior, los poderes judiciales tienen el compromiso y el reto de recuperar su protagonismo perdido a manos de poderes fácticos, a través de una efectiva y pronta aplicación de justicia que desmorone las estructuras de corrupción y reconstruya el dañado tejido social, valorizando una cultura de probidad y justicia, auxiliados por sus respectivos Consejos de la judicatura, magistratura o poder judicial, como entes encargados de optimizar el recurso humano que constituyen los jueces y magistrados.

Instituciones democráticas

La generalidad de países de Iberoamérica ha generado instituciones que tienen por objeto la defensa de los intereses de la nación, el combate a la corrupción y la impunidad, y en general, el fortalecimiento de los sistemas de administración de Justicia. Algunas de ellas generadas por el mismo estado y otras patrocinadas por entidades internacionales preocupadas por el fenómeno de la corrupción.

Entre ellos destacan, defensorías del pueblo, procuradurías de los derechos humanos y ong´s vinculadas al sector justicia.

Organismo Judicial y combate a la corrupción

Los Poderes Judiciales han sido plenamente identificados como herramienta y finalidad del fenómeno de la corrupción. Siendo que su función primordial es la impartición de justicia, su sola disfunción garantiza la perpetuación de la impunidad. La democratización del área ha traído consigo nuevos aires en los sistemas judiciales latinoamericanos, que han emprendido procesos de modernización y de combate a prácticas corruptas.

La existencia de nuevos órganos de administración de la carrera judicial, garantiza una mejor preparación inicial de los aspirantes a jueces, así como una capacitación continuada sistematizada en las necesidades del juzgador y del país. Así mismo se han promulgado, no sólo leyes contra la corrupción, sino normativos de carácter ético con una función más educacional que sancionadora.

El poder judicial es el eje del sistema de administración de justicia, la pieza central de una balanza integrada además por las Fiscalías o Ministerios Públicos, las Defensorías, los cuerpos policíacos y los cuerpos de profesionales del derecho; y por ello, todo esfuerzo en pro de la erradicación de la corrupción llevada a cabo en su seno es estéril si no está aunado a un esfuerzo coordinado de los demás actores de la justicia; más aún, vanos serán si no se hacen los esfuerzos para instaurar efectivamente una cultura de probidad y justicia en la sociedad, de manera que se valorice en la conciencia colectiva la noción que ser justo es el único camino para una mejor nación.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ESPACIOS DE IMPUNIDAD

Sociedad Civil organizada

Sector Económico

Medios de Comunicación

Colegios Profesionales

Iglesias

Universidades

Ministerio Público

Defensoría Pública

Cuerpos Policíacos

Órganos de Probidad

Instituciones vinculadas al tema

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ESPACIOS DE IMPUNIDAD

Así pues, el fortalecimiento del poder judicial debe provenir de la sociedad y retroalimentar a la misma, es la sociedad la que otorgará los parámetros de la transformación y modernización del sector justicia, y quien en última instancia recibirá los beneficios de dicha implementación.

FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD JUDICIAL. MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN.

Fortalecimiento de la Integridad Judicial.

Dentro de los múltiples campos de acción en los que de desarrolla el combate a la corrupción, el fortalecimiento a la integridad de los funcionarios públicos reviste de especial importancia debido al carácter preventivo del mismo, ya que, si uno de los sujetos de la relación no está anuente a la realización de un acto corrupto, el mismo no puede perfeccionarse.

¿Qué se debe entender como integridad? El término se refiere en primer lugar a una cohesión de valores éticos y morales que rigen la conducta de una persona, y que lo conducen a hacer lo que considera correcto; esta acepción de lo correcto está inspirada en los más altos principios, y entre ellos destaca el bienestar común sobre el particular; implica también, la propensión a la defensa de sus valores morales ante agentes externos corruptores.

Es decir, que el funcionario íntegro, no sólo desempeña satisfactoriamente sus labores, sino que se conduce de manera intachable, dentro y fuera de su ámbito laboral y en cualquier circunstancia.

La promoción de la integridad dentro de la estructura del estado se puede llevar a cabo a través de capacitación constante sobre el tema, además de programas de concientización que remarquen la importancia del rol del operador de justicia, y la trascendencia de su actuación en la vida de la sociedad; en dicha tarea juegan un papel fundamental las Escuelas Judiciales y diferentes unidades de capacitación del sector.

Medidas Preventivas

El combate a la corrupción no implica solamente la persecución penal de los funcionarios públicos que hayan incurrido en dichos actos, sino la existencia de un sistema que evite la posibilidad de dichas prácticas, mediante la reducción de la discrecionalidad en el accionar del los entes y funcionarios estatales y el fortalecimiento de los organismos de control y auditoría, así como una mayor participación de la sociedad en el rol de fiscalizadora de sus funcionarios, que se deben a ella en última instancia.

La generalidad de países del área posee Contralorías de Cuentas u organismos equivalentes, así como leyes específicas en el tema de control de bienes de funcionarios y empleados públicos, de contrataciones y erogaciones por parte del estado. El problema, sin embargo radica principalmente en la falta de observancia de las leyes, así como en la debilidad de las sanciones aplicadas a los funcionarios que inobserven dichas disposiciones.

Una de las prácticas más comunes en este sentido son las “declaraciones patrimoniales” que constituyen un total inventario de los bienes de los funcionarios públicos previo a la toma de posesión de un cargo; sin embargo, la utilización de testaferros y otras argucias de tipo legal para enmascarar la adquisición de nuevos bienes hacen necesario que se replanteen los mecanismos preventivos de esta índole.

Participación activa de la sociedad civil

El rol de la sociedad civil en la lucha frontal contra la corrupción toma mayor relevancia y significado, puesto que pueden existir instituciones y leyes, pero es, en último término, la sociedad quien, como receptora de todas estas acciones, dictaminará si sus esfuerzos son fructíferos o no.

El accionar de la sociedad civil está condicionado por el grado de cultura de la misma, el cual, en el caso de muchos países de Iberoamérica es pobre, sufre todavía de los resabios de las dictaduras que en ella existieron durante más de treinta años; por lo tanto, toda acción en el sentido de aumentar la participación de la sociedad civil en el tema de la corrupción, validará dicha lucha, por cuanto es la sociedad el juez final del resultado de tales acciones.

Así como se ha mencionado que la corrupción se comporta de manera cíclica, el fenómeno de su ruptura debe generarse de la misma manera en el seno de la sociedad; no existe corrupto sin corruptor, y conforme aumente la conciencia en nuestros países de la necesidad imperante de la existencia de gobiernos probos, el fenómeno de la corrupción se irá haciendo más aislado, y el corrupto será visto como una anomalía en la estructura social, una lacra en el costado del progreso y desarrollo de la nación.

Publicidad y transparencia administrativa. Una herramienta valiosísima para la prevención de la corrupción y la detección de la misma es la exigencia de transparencia en el actuar del aparato estatal y el acceso que la sociedad civil tenga a la información generada por el mismo. No todos los países de Iberoamérica poseen una ley de libre acceso a la información, y, en algunos casos, es letra muerta.

La publicidad de los actos públicos no puede ser una concesión gratuita del estado, sino una exigencia de la sociedad hacia sus servidores. Un aparato estatal corrupto ocultará las cifras de su manejo presupuestario, distorsionará los números y viciará las cuentas. El acceso a la información generado por los aparatos estatales es también un derecho que la sociedad civil debe ejercitar sin miramientos.

Se hace necesario que los organismos de estado legislen en el sentido de otorgar “puertas abiertas” a los particulares que deseen acceder a la información por ellos generada, con las limitantes impuestas sólo por la seguridad nacional y asuntos de carácter personal; pero más que ello, crear los mecanismos de vigilancia que garanticen el cumplimientos de dichos cuerpos normativos, tarea última, a cargo de la sociedad civil y las entidades que acoge en su regazo.

Asimismo, resulta oportuno destacar que se han identificado principios básicos tendentes a propiciar una gestión pública que pueda resistir al fenómeno de la corrupción. Los principios que se señalan son los siguientes:

Probidad
Prudencia
Justicia
Templanza
Idoneidad
Responsabilidad
Aptitud
Capacitación
Legalidad
Evaluación
Veracidad
Discreción
Transparencia
Deber de presentar declaración jurada patrimonial
Obediencia
Independencia de Criterio
Equidad
Igualdad en el trato
Ejercicio adecuado del cargo
Uso adecuado de los bienes de trabajo
Uso adecuado del tiempo de trabajo
Colaboración
Uso de información
Obligación de denunciar
Dignidad y decoro
Honor
Tolerancia y Equilibrio

ESPACIOS DE IMPUNIDAD. LEGISLACIÓN PARALELA

Fenómeno de la Impunidad

La impunidad y la corrupción son fenómenos que se complementan y entremezclan; la corrupción facilita y permite la impunidad, y esta a su vez incentiva la corrupción. Los espacios de impunidad pueden entenderse como los vacíos legales y estructurales en los sistemas de administración de justicia que permiten, facilitan y consienten que un determinado hecho punible no sea castigado.

Dentro de ese marco, la existencia de normas paralelas que coadyuvan la administración de justicia, como las normas éticas y códigos dirigidos a empleados, funcionarios y dignatarios del estado, normas de protección de testigos, regulaciones del acceso a la carrera pública y la carrera judicial, cobran importancia, por el apoyo y complementación que brindan al combate a la impunidad.

Normativa Ética

Lo constituyen cuerpos legales en los que se enumeran principios de carácter ético y conductas a seguir por parte de los miembros de los poderes del estado. Su observancia se presume obligatoria pero no existen sanciones directas a su incumplimiento. Constituyen un modelo a seguir, un paradigma ético de valores que se deben implementar por parte de los funcionarios públicos.

La debilidad evidente de este tipo de normativos la constituye su carácter no vinculante, puesto que su cumplimiento está condicionado más a factores internos que a externos, y en el caso de América Latina, los esquemas de valores de muchas personas se hayan seriamente distorsionados, producto de los anti-valores introducidos por el narcotráfico y la contra cultura de la impunidad.

En muchos países del área se han promulgado cuerpos normativos de tipo ético, por lo que las acciones en este tema deben ir encaminadas a desarrollar los mecanismos que incentiven su cumplimiento, sistemas de recompensa al funcionario y/o empleado que cumpla con los estándares éticos establecidos y los sobrepase, convirtiéndose en un modelo y ejemplo para sus pares.

Procesos de Selección

Un aspecto importante del esfuerzo que se hace en el sector justicia en particular y el aparato estatal en general lo corresponde la implementación de procesos de selección para el ingreso, tanto a la carrera judicial como a la carrera pública que garanticen la excelencia profesional o técnica, como la vocación de servicio y la probidad de aquellos que ingresen a servir al estado.

No todos los países y no todos los poderes del estado han implementado procesos de oposición o valoración de méritos que permitan garantizar el ingreso al servicio de los mejores elementos humanos, pues en muchos de ellos aún privan criterios subjetivos y tráfico de influencias.

Los procesos de selección, debidamente implementados constituyen un medio eficaz para aumentar la capacidad y la eficiencia en las instituciones estatales.

Los poderes judiciales del área deben hacer el esfuerzo por establecer y optimizar rigurosos procesos de selección, en los que, además de evaluar méritos cognoscitivos e intelectuales, se permita participar a la sociedad en el señalamiento de los malos elementos y actuar como agente depurador.

Protección de testigos

Dentro del esfuerzo que significa el combate a la corrupción y a la impunidad, es extremadamente necesario que todos los países cuenten con un eficaz y funcional sistema de protección de testigos, de manera que aquellas personas o funcionarios que se atrevan a denunciar actos reñidos con la ley (en ocasiones en altas esferas del gobierno) tengan la certeza que su vida y la de su familia no correrán riesgos, y que las entidades encargadas garantizarán, no sólo su seguridad, sino un nivel de vida aceptable y decoroso.

De la información preliminar recabada se puede afirmar que este es un tema todavía en estadios tempraneros en varios de los países del área, en los cuales, siquiera se cuenta con el marco legal necesario para desarrollar adecuadamente esta actividad, mucho menos con la infraestructura y aparato logístico y tecnológico necesario.

Se debe tener plena conciencia de la urgente necesidad de echar a andar funcionales sistemas de protección, creando sus respectivos marcos legales y analizando las fortalezas y debilidades de los sistemas existentes.

Órganos de Probidad

Entendida la Probidad Administrativa como el principio consistente en observar una conducta profesional intachable y un desempeño honesto de la función o cargo, con preeminencia del interés común sobre el particular, los órganos de probidad serán aquellas ramificaciones del estado encargadas de velar por el efectivo cumplimiento de las disposiciones éticas existentes en el país; la probidad corresponde a un orden superior al de la legalidad, esto es, a la esfera de lo ético y lo moral.

El fin esencial que debe perseguir la estructura administrativa es alcanzar el bien común. Este propósito, unido al principio de la legalidad, propio del estado de derecho, impone a la Administración la obligación de perseguir siempre en su obrar la consecución del interés público.

Las infracciones a la probidad suponen la existencia de un acto ajustado a la legalidad extrínseca, pero además viciado por no responder en su motivación interna al sentido mismo de la actividad administrativa, orientada a la promoción del bien público y sometidas a ineludibles imperativos de lo que es justo.

Las procuradurías de los derechos humanos o defensorías del pueblo/de los pobres son órganos que se pueden enmarcar dentro de esta categoría, lo son también comisiones específicas de notables o asambleas colegiadas sobre el tema específico con representantes de los diferentes sectores de la sociedad.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Legislación Internacional

Todos los países de los que se ha recabado información son signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción (A excepción, obvia, de los países que forman parte de la península ibérica). Dentro de ese contexto, es importante establecer que un instrumento de esa naturaleza ejerce soporte a las legislaciones nacionales y además las compromete a tomar acciones sobre el tema corrupción y por lo tanto impunidad.

La antes mencionada convención compromete a los países signatarios a “crear, mantener y fortalecer”:

Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
Capacitación al personal de las entidades públicas.
Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas.
Sistemas para el ingreso de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.
Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona en violación de la legislación contra la corrupción.
Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.
Órganos de control superior, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos.
Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil.
Remuneración equitativa del empleado público para garantizar la probidad en el servicio.

Acciones coordinadas

El accionar de los países iberoamericanos se fortalece en la medida que este se hace de manera conjunta; la Convención Americana contra la Corrupción además de proporcionar un marco legal común marca una ruta de acciones a seguir por parte de los países del área.

Es importante señalar que el nivel de corrupción y el desarrollo de las instituciones y mecanismos para combatirla difieren de un país a otro, así, hay regiones en las que, a pesar de no existir legislación específica sobre el tema, el conjunto del ordenamiento jurídico funciona de tal manera que no lo hacen necesario, mientras que en otras, la corrupción está de tal manera institucionalizada que la existencia de cualquier ley está predispuesta a fracasar. Es necesario aprender de las acciones llevadas a cabo y que han arrojado resultados positivos para emularlas.

1 Corrupción, definición preliminar: conducta llevada a cabo por funcionarios públicos en la que se abusa del poder adquirido para alterar las formas y procedimientos establecidos en la ley, para la obtención de fines privados. (Guatemala)

“2019 AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
“CIUDAD SALUD” SE SUMA A LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Tags: contra la, americana contra, impunidad, corrupción, espacios, lucha, contra