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REUNIÓN EN PARIS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA

C:\local\personal\gdeladehesa\gdeladehesa\Reunion de Paris sobre como financiar el desarrollo y los bienes publicos mundiales.doc gdeladehesa 17 Apr 2005 19:55 4/4



REUNIÓN EN PARIS EN EL MINISTERIO DE HACIENDA

Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research

La reunión del grupo de expertos sobre nuevas ideas para añadir recursos financieros a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), a la que fui invitado por indicación de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno Español, a mi coste, estaba convocada en el Ministerio de Hacienda para discutir el Informe Landau, que yo no había recibido, que no se repartió en la reunión y que aunque se lo pedí a él personalmente, ya que le conozco hace ya más de 25 años y le di mi tarjeta con mi e-mail para que me lo enviara, no lo ha hecho todavía.

En dicho informe plantea alternativas para conseguir un mayor volumen de financiación oficial al desarrollo (AOD) y a bienes públicos globales (BPG) para los países más pobres o las zonas más pobres de los países en desarrollo. Éramos unas 50 personas, el 85 por ciento franceses, había algunos economistas del CEPR, como Daniel Cohen, Pierre Jacquet y Thomas Piketty, representantes de ONG, tanto de países de la OCDE como de países en desarrollo, de Gobiernos o de Agencias de Desarrollo Europeas y de la OCDE.

La discusión giró primero en torno a los fallos de la actual Ayuda Oficial al Desarrollo, que es insuficiente, que está mal repartida, que no se adapta a los que quieren los países que la reciben, que está ligada a operaciones que benefician a las empresas de los países de la OCDE o a favores políticos o militares, que sólo un 30 por ciento de dicha ayuda se invierte en “bienes públicos”, etc. Después derivó a la idea de un impuesto Tobin sobre las transacciones financieras internacionales. Asunto en el que no había ni siquiera acuerdo entre los representantes del Ministerio de Finanzas francés por su enorme dificultad de aprobación y de aplicación. Alguno apuntaba que era más fácil un impuesto a las transacciones comerciales internacionales que sobre las financieras. A mí no me parecía factible ninguna de las dos alternativas. En mi opinión los “impuestos globales” sólo tendrían cierto sentido para reducir aquellas “externalidades” muy negativas, como las derivadas de la polución transfronteriza, las ventas globales de armas, el dinero sucio proveniente de actividades ilegales como las de la explotación de las mujeres y niños, las drogas o del terrorismo.

El principal problema es que si ya es enormemente difícil conseguir que los países de la OCDE aumenten sus fondos de ayuda al desarrollo, incluso mediante un nuevo impuesto ad-hoc, es prácticamente imposible conseguir poner de acuerdo a todos los países del mundo para conseguirlo. Además, se plantea el problema de “no taxation without representation”. En cualquier país, para conseguir aumentar los impuestos, tiene que haber, primero, una plataforma ciudadana con amplio consenso y segundo, un consenso multipartidista en el Parlamento nacional, pero no existe un Parlamento Mundial, ni parece que nunca existirá.

La discusión pasó, más tarde, a buscar otras ideas innovadoras para conseguir más financiación pública para el desarrollo. Las ideas que se barajaron fueron: Reforzar la lucha contra la evasión fiscal en los países OCDE e incluso en los países en desarrollo, para conseguir más ingresos que dedicar al desarrollo sin necesidad de imponer nuevos impuestos. Emitir SDRs por parte del FMI para absorber, competitivamente, las reservas de divisas que hoy invierten masivamente los bancos centrales asiáticos en bonos americanos, y dedicarlos a la AOD. Conseguir que los países que asignan la AOD lo hagan de forma más efectiva y mejor intermediada, utilizando las ONGs existentes in situ, ya que los países donantes no tienen funcionarios para hacerlo y lo dejan en manos de sus empresas o lo que es peor, en manos de gobiernos corruptos, sin control por parte del donante. Pactar un “Global Contract” o un “Social Global Contract” para conseguir un respaldo global para este fin y poder desviar fondos de ayuda, que hoy se invierten masivamente dentro de los países de la OCDE, hacia la AOD. Reforzar la condicionalidad de la AOD como única forma de conseguir fondos adicionales e imponerla globalmente a los gobiernos receptores para asegurarse que la ayuda llega a los que realmente la necesitan. El propio Landau, sugirió como alternativa a un impuesto Tobin, que se introdujesen impuestos nacionales ad-hoc y que se coordinasen globalmente, a través de los organismos de la ONU y los IFIS. Hubo casi unanimidad en que dichos fondos de AOD deberían de ser donaciones a fondo perdido y no créditos, como ahora, que casi nunca terminan pagándose.

Mi aportación al debate fue doble. Por un lado, expliqué que toda la AOD de los países de la OCDE se financia, a través del “pool” de los ingresos presupuestarios, pero en última instancia, con ahorro privado, bien a través de impuestos sobre la renta, el consumo o el capital. Lo que ocurre es que dichos impuestos los pagan mayoritariamente las familias asalariadas con sus rentas de trabajo, ya que la mayoría de las personas que viven de las rentas del capital, especialmente las más ricas, no pagan casi impuestos directos, especialmente las más ricas. Lo que hay que hacer, por tanto es que estos paguen más impuestos para conseguir dichos fondos adicionales tan necesarios para la AOD. Y en mi opinión, ese objetivo no se consigue fácilmente con más inspección fiscal, que hasta ahora ha dado poco juego, sino más bien con más incentivos fiscales.

Esto es lo que ya ocurre en EEUU donde los contribuyentes pueden deducir hasta un 50 por ciento de sus rentas si las dedican a “charities”, es decir, a fundaciones, instituciones o vehículos, sin ánimo de lucro, que tengan como fin mejorar la condición humana. Así el señor Gates ha dedicado, con gran eficiencia, ya casi 24.000 millones de dólares a ayudas humanitarias, especialmente en los países con pandemias, haciéndoles llegar directamente los medicamentos para curarlas. Igual hacen muchas empresas grandes que están establecidas en países en desarrollo con las rentas que pueden deducir en su matriz en EEUU. No es necesario que la AOD tenga que ser pública. EEUU es el país del mundo con mayor AOD absoluta, pero con menor AOD relativa a su PIB, pero más que compensa esta última deficiencia con la ayuda privada de la gente acomodada y rica que deduce sus rentas del pago de impuestos. Lo que habría que hacer es copiar a EEUU y permitir que también los ricos europeos puedan deducirse. Este sería un incentivo no sólo para que dichas personal de elevados ingresos y patrimonio declarasen en mayor número y una mayor renta, sino también que, al mismo tiempo, dieran más ayuda a los que más la necesitan. Al final, unos y otros salen ganando: la recaudación aumenta en el país de la OCDE y los países más pobres reciben más recursos adicionales.

Por otro lado, insistí en la idea de que habría que conseguir, al mismo tiempo, dos objetivos: mayores recursos adicionales para los países pobres y un más fácil acceso de las exportaciones provenientes de los países en desarrollo a los mercados de los países de la OCDE, que ahora están muy restringidas por altas barreras proteccionistas. Naturalmente los gobiernos de los países de la OCDE prefieren mantener la protección a la agricultura y a las manufacturas intensivas en mano de obra nacionales, como el textil, la confección y el calzado, porque son votos para el partido en el poder y a cambio, dar un poco de AOD a los países en desarrollo. Sin embargo, hay que intentar que hagan ambas cosas: no sólo dar a dichos países “aid” sino también “trade”. Por esta razón, he propuesto una idea que creo que es novedosa:

Consiste en que, sin esperar a lo que pase en la Ronda del Milenio de la OMC, intente llegarse, lo más rápidamente posible, a un acuerdo internacional, o al menos de los países de la OCDE, para que dichos países se comprometan a utilizar como ayuda al desarrollo y en forma de AOD, todo lo que ingresen por los aranceles y otras barreras proteccionistas que apliquen a las importaciones procedentes de los países en desarrollo. Así, se conseguirán los recursos adicionales necesarios para la AOD y, al mismo tiempo, se incentivará a los gobiernos de la OCDE para que reduzcan sus barreras. Aquel país, que por motivos políticos y electorales, quiera mantener la protección, tendrá que dar más AOD que aquel otro país que decida reducir sus barreras a los bienes y servicios de los países en desarrollo.

Hay que reconocer que las barreras actuales que sufren las exportaciones de los países en desarrollo en su acceso a los mercados de los países de la OCDE son escandalosamente elevadas. El aranceles medio “ad valorem” efectivo que aplican los países de la OCDE es bajo, alrededor del 6 por ciento. Sin embargo, para los productos intensivos en mano de obra como la confección textil o el calzado y para los productos agrícolas existen muchos picos arancelarios de más del 100 por cien y la mayoría de más del 30 por cien, además de la existencia de cuotas, que por fin se han eliminado este año para los textiles por acabar el Acuerdo Multifibras, lo que ha resultado en un problema político de gran alcance para EEUU y la Unión Europea.

Por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas, que son los más importantes para las exportaciones de muchos países en desarrollo, los aranceles medios de los productos sometidos a cuota oscilan entre el 100 y el 150 por ciento. Para los que se quedan fuera de cuota oscilan entre 121 y 546 por ciento y en los no sujetos a cuota oscilan entre 26 y 129 por ciento. Se calcula con cierta exactitud que los ciudadanos de los países de la OCDE, en promedio, pagan por sus alimentos básicos, como son los cereales, el arroz, el azúcar, la carne, la mantequilla, el queso y la leche de importación (y por tanto también por los de producción nacional, sino no necesitaría protección) el doble del precio internacional. Esta política es además un juego en el que casi todos pierden. Por un lado, los ciudadanos de los países de la OCDE a los que se le reduce su renta disponible con estos impuestos sobre su consumo, y especialmente los más modestos, porque en su cesta de la compra los alimentos tienen un peso relativo mayor. Por otro lado, los ciudadanos de los países en desarrollo, que reducen drásticamente sus márgenes de beneficio por sus exportaciones agrícolas y sus rentas. Sólo ganan los agricultores de los países de la OCDE, que son el 3,5 por ciento de la población empleada.

Pero esto no termina ahí, además, a estos pocos agricultores de la OCDE se les subvenciona anualmente con 242.000 millones de dólares, contando la última subida de Bush de otros 9.000 millones anuales más. En el caso de la Unión Europea, las subvenciones alcanzan los 45.000 millones de euros (58.000 millones de dólares) que se reparten entre sólo 887.000 agricultores, de los que 1.100, los más ricos, reciben más de 200.000 euros al año y 720.000 sólo reciben 5.000 euros anuales. Estas subvenciones, que se reparten entre unos pocos, y especialmente a los más ricos, las pagan los ciudadanos europeos con sus impuestos sobre el valor añadido, que afectan especialmente a los más modestos ya que el consumo representa una mayor proporción de su renta disponible. Es decir, tanto el impuesto sobre las importaciones agrícolas como las subvenciones agrícolas son totalmente regresivas, tanto para los ciudadanos de la OCDE como para los del resto del mundo.

Si comparamos lo que los países de la OCDE se gastan en subvencionar su agricultura ineficiente y no competitiva con la de los países en desarrollo, esos 242.000 millones de dólares, con las cifras anuales de la AOD de unos 60.000 millones de dólares, estos son cuatro veces menores. Así, resulta incomprensible que parte de esas subvenciones a unos pocos no se dediquen a la ayuda a los más necesitados.

Madrid, 14 de Abril de 2005





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