Ciclo de las Políticas Públicas
Lic. Julieta Miró
1. Introducción
El
presente trabajo está estructurado en tres partes.
Primeramente se realizará un análisis de las
principales coordenadas teóricas del enfoque relacional, para
luego partir de estas coordenadas y desde el lugar de analista de
política pública, analizar el ciclo y las condiciones
de viabilidad del Plan Nacional de Fiscalización de la
Seguridad Social. Este plan se encuadra en la Política de
Mejoramiento de la Calidad del Empleo1, del Ministerio de Trabajo
Empleo y Formación de Recursos Humanos y depende de la
Secretaría de Trabajo. (Ver anexo 1 )
Por último,
en función de los conocimientos teóricos y la
experiencia de trabajo en el plan nacional seleccionado, se
realizarán unas breves recomendaciones para hacer más
eficaz y eficiente su implementación.
2. Principales coordenadas teóricas del enfoque relacional de políticas públicas
Existen
diferentes enfoques para entender la dinámica que adquieren
las políticas públicas y sociales. Uno de estos
enfoques, centrará su mirada en lo que sucede en la sociedad,
por lo tanto las políticas serán el resultado de los
acuerdos y conflictos entre diferentes grupos sociales, serán
estos quienes moldearán los productos estatales.
Otro de
los enfoques cambiará el eje desde las explicaciones centradas
en acuerdos y conflictos entre diferentes grupos sociales hacia el
concepto de estado. Desde este enfoque se entiende que las políticas
están hechas por agentes estatales que actúan de manera
autónoma de las presiones de los grupos sociales.
Ambos
expresan parcialidades del fenómeno de la dinámica de
las políticas públicas. En este sentido, es que
adquieren importancia los marcos teóricos que ponen el acento
en el carácter relacional de las mismas, en tanto son
resultado de la compleja y conflictiva relación entre actores
del estado y la sociedad. Este enfoque es más dinámico
e integral, da cuenta de los diferentes grupos, de su heterogeneidad
y fragmentación tanto en la sociedad como en el estado, pero a
la vez reconoce la acción estatal como instancia donde se
deciden e instrumentan las políticas públicas.
Dicho
esto, se hace necesario caracterizar a los actores e instituciones
dado que forman parte del proceso en el cual una política
pública da cuenta del vínculo entre estado y
sociedad.
Actores
Se considera actores a "aquellos
individuos o grupos que ocupan una posición estratégica
en el sistema de decisiones y que responden en el proceso de
formación de políticas, por las funciones de
articulación del campo cognitivo y del campo del poder. En
tanto mediadores son quienes definen los temas de debate y el marco
intelectual en el cual se desarrollan las negociaciones, alianzas y
conflictos que sustentan la toma de decisiones". 2
Independientemente del marco general que establece esta
definición, el término de actor es abierto y cada
analista lo adapta de acuerdo a sus requerimientos3
En una
política pública intervienen múltiples actores
sociales y estatales. En esta oportunidad centraremos el análisis
en los actores sociales. Carlos Acuña y Fabián Repetto,
plantean que los actores deben ser analizados en función de
tres elementos:
Intereses: es una noción compleja, hay
una tensión entre diferentes concepciones: unas ponen el
acento en el plano subjetivo, el actor define lo que es de su
interés, esta noción está ligada estrechamente a
la ideología, y otras concepciones, hacen prevalecer aspectos
objetivos, el bienestar independientemente de la percepción
del actor. Es importante también incluir un tercer elemento en
el análisis que son los intereses objetivos y subjetivos de
quienes no logran constituirse como actor.
Ideas/ entendimiento
( ideología): los actores tienen intereses, recursos y diseñan
sus estrategias orientadas por mapas de pensamiento. Por lo tanto la
política estará condicionada por la ideología de
quienes representan a los actores colectivos. Existe un vínculo
estrecho entre ideologías e intereses.
Recursos: los
recursos comunes que hacen que determinados colectivos se constituyan
en actores de política pública son:
·
Capacidad de negociación, capacidad de influencia en las
instancias de diseño y gestión de políticas
·
Capacidad de descifrar le contexto, al existir asimetría de
información, es la posibilidad de acceder a la mayor cantidad
de información posible durante el proceso
·
Capacidad de representación, posibilidad de liderazgo en los
actores sociales y de respaldo legal para los actores estatales.
·
Capacidad de movilización social, capacidad de presionar a los
actores involucrados a través de la movilización de
gente en un momento y lugar determinado.
· Capacidad de
acción colectiva, percepción de identidades
compartidas. Está entrelazada con la capacidad de
movilización. Esta última es un momento en la acción
colectiva.
Cabe aclarar, que ambos autores citados
anteriormente, identifican un sexto recurso potencial que corresponde
solo a los actores del estado, este se denomina capacidad de
autoridad, implica la capacidad de ejercer el poder público
dado que en última instancias las políticas son
ejecutadas por el estado.
Para ser un actor de política
pública es requisito contar con todas estas capacidades. Quien
contenga más de estos recursos tendrá más poder
para incidir.
Aquí cumplen un rol muy importante las
coaliciones entre diferentes actores, dado que permiten sumar
requerimientos y capacidades en pos de un interés común.
Permite potenciar los recursos de cada actor que individualmente
están imposibilitados de participar del ciclo de la política.
" El juego de la política pública no suele darse
entre actores aislados, sino conformados en alianzas o coaliciones"
4
Hay sectores que no logran constituirse en actores. La
representación histórica de dichos sectores ha estado
en mano de los partidos políticos y sindicatos. Son dos
canales naturales de representación. 5
El juego de la
política pública es una forma de redistribuir poder y
está relacionado a las instituciones.
Instituciones
Peter
Hall, resalta el enfoque relacional y se refiere a las instituciones
como normas formales, procedimientos de aquiescencia y prácticas
operativas generales que estructuran las relaciones entre individuos
en diversas unidades del estado y la economía. Pone el énfasis
en el aspecto relacional de las instituciones.
Jacint Jordana
dirá que las instituciones son un conjunto de reglas
socialmente aceptadas y de concentraciones de recursos
En la
misma línea, Repetto y Acuña ( 2001), dirán que
"las instituciones son un conjunto de reglas que brindan una
estructura de incentivos para el accionar de los actores". Estas
reglas estarán clasificadas en función del nivel de su
dominio:
reglas de primer nivel R16 ( Ver anexo 2), nivel R27 (
Ver anexo 3) y nivel R38.
En síntesis, lo importante es
que cuando se habla de instituciones, se hace de un conjunto de
reglas formales e informales que se mueven en diferentes niveles,
tenerlos en cuenta es entender quienes juegan, los recursos que
poseen y las relaciones de influencia entre los niveles de las
reglas.
3. Ciclo de las políticas públicas: Plan Nacional de Fiscalización de la Seguridad Social.
Se
entiende por política pública el conjunto de objetivo,
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar
los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el
propio gobierno consideran como prioritario. ( Tamayo Saez, 1997)
A
las políticas públicas es importante verlas
concatenadas, relacionadas a otras políticas y por ende no se
puede mirar la acción de los actores limitada a un campo
particular.
La política pública es un proceso que
se desenvuelve por etapas y con una dinámica propia, cada una
de ellas posee actores, restricciones, decisiones, desarrollos y
resultados y se van afectando mutuamente. En la práctica las
etapas se superponen, la separación de las etapas para un
mejor análisis no debe ser confundida con una separación
real.
Siguiendo a Acuña y Repetto, y a los fines
analíticos se dividirá el proceso en cinco fases:
a)
estructuración del problema público y el ingreso a la
agenda gubernamental, b) generación de alternativas, c) toma
de decisión y diseño, d) implementación y e)
evaluación.
a)
Estructuración del problema público y el ingreso a la
agenda gubernamental
Tamayo Saez, sostiene que la primer tarea
del analista de política en esta fase, es identificar a los
actores con algún tipo de intereses en el problema y
reconstruir sus definiciones, la forma en que lo ven.
Definir
el problema implica, identificar claramente cuál es. Cuáles
son sus dimensiones. Cuáles son las causas. A quien afecta y
en qué medida. Cómo evolucionará el problema
sino actuamos sobre él.
Analizando concretamente la
política social seleccionada se puede decir, que
de los
datos obtenidos por la EPH evidencian que el 41% de los asalariados
argentinos no goza de protección de las normas laborales y los
beneficios de la seguridad social, esto no solo perjudica a los
mismos y pone en peligro el financiamiento de las prestaciones
sociales, sino que quiebra las reglas de la competencia leal entre
empresas. La forma más extendida y desprotegida de empleo es
el no registrado, que por definición carece de cobertura
integral de la seguridad social. ( Beneficios previsionales, obra
social, asignaciones familiares, riesgos del trabajo, prestación
por desempleo etc.) y representa el paradigma de la precarización
de las condiciones laborales. El alto índice de evasión
a las obligaciones a la seguridad social y la injusticia y la
desprotección que esta situación implica para los
trabajadores, sumado al drenaje de los fondos del estado, requieren
profundizar las acciones del estado en este sentido.
En términos
generales, se identifican diferentes actores sociales y estatales
involucrados con el problema: los sindicatos, están afectados
directamente, por un lado, porque son los naturales representantes de
los trabajadores y uno de los responsables de velar el cumplimiento
de sus derechos. Por otro lado, ese 41% de trabajadores no registrado
tampoco esta sindicalizado, esto implica necesariamente una
disminución en el aporte a las arcas presupuestarias de las
organizaciones sindicales. Entre los actores estatales la
Administración Federal de Ingresos Públicos y
Administración Nacional de Seguridad Social, presentan un
interés recaudador. Secretaría de Trabajo. Los
intereses de este actor estatal está centrado fundamentalmente
en la defensa de los derechos de los trabajadores. Cámara de
empresarios, su interés estará asociado a la búsqueda
de la erradicación de la competencia desleal
En la
actualidad si no se atiende el problema se acentúa el peligro
del desfinanciamiento de la seguridad social del estado.
Asimismo,
cabría preguntarse, si no se la atiende en el mediano plazo,
qué sucederá cuando ese 41% de la población esté
en edad de jubilarse y esté excluido de los beneficios de la
seguridad social y cuál sería el impacto social. Esta
situación requiere de una inminente respuesta del estado.
En
este sentido la definición del problema será ante todo
una definición política, decidir a quien se tiene en
cuenta y hasta qué punto. La correcta definición del
problema es central porque marca el posterior desarrollo de la
política pública, al reducir el ámbito de las
posibles alternativas a considerar, también afirman una
concepción específica de la realidad.
La
definición, tiene dos elementos centrales a tomar en cuenta:
debe ser aceptable y que pueda tener consenso, y a la vez, debe
incluir una definición operativa que permita una intervención
pública viable.
Colocar un problema en la Agenda 9
implica dar forma a una definición del problema aceptable para
el público y sobre todo para el gobierno. Cabe aclarar que no
todos los problemas logran llamar la atención gubernamental y
promover su iniciativa, no todos los problemas logran formar parte de
los asuntos públicos y colocarse entre los prioritarios del
gobierno.
Aguilar Villanueva, afirma que la formación de
la agenda de gobierno evidencia la salud o enfermedad de la vida
pública, revela cual es la estructura de poder que domina la
elaboración de una política. Pero también en
términos de gobierno representa la más importante de
las decisiones dado que es donde se elige dar respuesta a los asuntos
y establecer prioridades a su acción.
Hay diferentes
modelos teóricos para dar cuenta de cómo se estructura
la agenda pública y la gubernamental, el mismo autor,
identifica tres tipos de patrones: modelo de iniciativa externa10,
modelo de movilización11 , modelo de iniciativa interna12 .
Volviendo a la política social seleccionada, podría
decirse que la misma se estructura a partir de que la cuestión
nace dentro del aparato gubernamental y luego se coloca en la agenda
formal pero el éxito de la misma dependerá de que se
instale en la agenda pública.
En la agenda de Gobierno
el problema está instalado fundamentalmente desde la dimensión
de recaudación fiscal, siendo la AFIP uno de los actores
estatales con mayor capacidad de presión, y en menor medida se
instala en la agenda gubernamental, desde la dimensión de la
defensa a los derechos a los trabajadores
Los sindicatos son
los actores sociales que más presionan para instalar el
problema en la agenda, aunque en algunos casos también
sectores empresariales se suman a la demanda. Los esfuerzos no tienen
un carácter sistemático, y el problema no alcanza a
adquirir una fuerza relevante en la Agenda pública.
Si
bien el desempleo y trabajo no registrado aparecen como los
principales problemas del mercado de trabajo, en determinadas
circunstancias el problema del trabajo en negro se desdibuja en la
agenda pública ante las complejas y graves implicancias
sociales y económicas de la desocupación. Asimismo,
para que la política tenga éxito es importante que los
miembros de la comunidad perciban esta problemática como
merecedora de la atención pública y gubernamenta y
presionen con fuerza en este sentido.
Algunos temas pasan de la agenda pública a la gubernamental a través de las ventanas de oportunidad. Se trata de oportunidades favorables que permiten colocar determinados problemas y recomendar ciertas propuestas de solución .
b)
Generación de alternativas
La etapa posterior al ingreso
de un tema a la agenda, es la generación de alternativas.
Majone sostiene que un analista creativo deberá ser capaz de
mantener una tensión dialéctica entre lo practicable y
lo ideal, entre la investigación de los límites de la
política y el esfuerzo por extender el campo de lo
políticamente posible.
Desde la perspectiva del mismo
autor, toda la maquinaria gubernamental es un basto conjunto de
restricciones que definen los papeles de los diversos actores de las
políticas y limitan las estrategias a disposición. En
este marco el analista de políticas debe ayudar a expandir las
fronteras de lo posible en el campo de la administración
pública.
Una alternativa será factible cuando
logre superar las restricciones operantes. Se identifican cinco
ámbitos de restricción: política, económica,
institucional, legal y cultural .
Es
central que las alternativas de políticas puedan superar las
restricciones. En términos operativos, en la formulación
de alternativas de solución al problema surgen diferentes
interrogantes, cual es nuestro plan para hacer frente al problema,
cuáles son los objetivos, que alternativas existen para
alcanzar esas metas, cuál es la mejor alternativa en función
de los menores efectos negativos.
Algunas alternativas ponen el
acento en que sean solamente las provincias las responsables de la
implementación de estrategias de resolución al tema del
trabajo no registrado, pero estas carecen de la capacidad
institucional para llevar adelante una propuesta de fiscalización.
En este sentido, una política de carácter nacional,
aparece como la mejor alternativa para hacer frente al problema, la
idea está centrada en profundizar los mecanismos de
fiscalización por parte del estado nacional, orientados a
consolidar un sistema de inspección entre todos los organismos
públicos involucrados, a fin de lograr una mayor eficiencia en
la detección y corrección de los incumplimientos a la
normativa laboral y de la seguridad social vigente.
Los
objetivos son:
-lograr un mayor cumplimiento de las normas
laborales y de la seguridad social, mediante la articulación y
profundización de las acciones de inspección.
-
difundir las normas laborales y de la seguridad social y concientizar
a la sociedad sobre la necesidad de mejorar la calidad del empleo. (
Ver Anexo 1 )
Para que esta política fuese factible era
imprescindible articularla con diferentes actores del estado ( AFIP -
ANSES) y la sociedad ( Sindicatos - Camaras empresariales).
Entre
las principales dificultades que se identifican en esta etapa son de
carácter económico ( Ver anexo 4), de coordinación
institucional, de delimitación de competencias legales entre
actores gubernamentales, pero no alcanzan a constituirse en
restricciones absolutas que impidan el desarrollo de la misma
Repetto
y Acuña, nos dirán que los límites de la
factibilidad estarán dados por el contexto y que estos límites
están determinados por los recursos y las variables de
contingencia.
En esta etapa es bueno que el analista tenga un
mapa claro de las restricciones, límites, dificultades y de lo
que pueden ganar o perder los diversos actores, tener un cálculo
estratégico permite formular estrategias de conflicto o
negociación con cada uno. Esto se constituye en un elemento
importante para construir la decisión.
Por otro lado, es
importante resaltar que factibilidad y argumentación van de la
mano, la argumentación es transversal a diferentes etapas del
ciclo.
En síntesis y tal como la plantea claramente
Maione ( 1997), la factibilidad antes que el óptimo debe ser
la preocupación principal de los analistas de políticas,
estos deberían estar tan preocupados por las restricciones
políticas e institucionales como por las limitaciones técnicas
y económicas.
c)
Decisión / Diseño
Cabe mencionar que decisiones se
toman a lo largo de todo el ciclo. En esta etapa se toman las
decisiones estratégicas, las más importantes.
Aguilar
Villanueva sostiene que la decisión de política pública
es el resultado de la confluencia de diferentes aspectos: problemas
públicos, alternativas de solución, actores
participantes y oportunidades de elección. Estos son los
ingredientes de una decisión en políticas públicas.
El
interrogante que aparece con más fuerza para la decisión
de la alternativa a elegir en esta etapa es, si es viable
técnicamente y políticamente la alternativa
seleccionada.
Es importante mirar la etapa de la decisión
en términos relacionales de quienes participan en el proceso
decisorio. La mayor parte este proceso es inestable, desordenado y
caótico, con reglas pero también con azar. En muchos
casos se decide según el modelo de bote de basura13
Se
podría afirmar que es un proceso dónde hay que
reconocer las reglas básicas y tener en cuenta los elementos
no racionales y subjetivos de los actores.
La formulación
de la política incluye el establecimiento de metas y objetivos
a alcanzar la detección y generación de los caminos
posibles.
El equipo técnico del Ministerio Trabajo
conformado por especialistas en derecho laboral, en Seguridad e
Higiene Laboral, en economía y en Sociología comenzaron
con la labor del diseño en el mes de octubre de 1997, luego se
sumaron a este trabajo de planificación personal de ANSES y
AFIP, el resultado de este trabajo fue la resolución conjunta
ST 20/99, SSS 6/99, AFIP 1/99, firmada el 16 de febrero de 1999. Esta
resolución fue el resultado de un acuerdo político y
estructuró legalmente el marco de intervención del
plan. ( Ver anexo 2)
La fase de diseño es una tarea
exclusiva de los actores públicos, la responsabilidad sobre la
decisión final y el diseño de la política está
en manos del gobierno. Para Tamayo Saez, el concepto de elaboración
de políticas públicas ha generado dos corrientes
principales de análisis: el racionalismo y el incrementalismo.
Existe un tercer enfoque denominado mixed scanning que toma distancia
de los dos modelos anteriores y los reúne proponiendo una
elaboración mixta de las políticas. "14
La
formulación del plan mezcla los dos modelos a los que se hace
referencia anteriormente. Hay claros criterios de eficacia,
establecimiento de metas, decisiones cuantificables y a la vez
también hay decisiones pragmáticas y métodos de
aproximaciones sucesivas que enfatizan la viabilidad política.(
Ver Anexo 5)
d) Implementación
Es entendida
como la puesta en marcha de la decisión. Tamayo Saez,
identifica dos modelos que permiten entender la implementación
de las políticas públicas:
1. Modelo Top Down
refleja una concepción jerárquica del funcionamiento de
las políticas públicas, lo que importa es la decisión,
que esta sea acatada y que la burocracia la cumpla en sus propios
términos.
2. Modelo botton up, el ciudadano entra en
contacto con la organización pública. Es el punto de
distribución donde la política tiene éxito o
fracasa, el problema de la implantación no es el ajuste a la
decisión inicial, sino la adaptación de la decisión
inicial a las características locales y al contexto en que se
produce.
Se identifican rasgos del modelo botton up en el modelo
de gestión, básicamente porque la metodología es
flexible y requiere de una implementación descentralizad del
plan. Están involucrados 400 agentes de supervisión,
fiscalización y auxiliares de las Agencias Territoriales ( son
24 en todo el país), quienes relevarán trabajadores en
empresas ubicadas en las diferentes jurisdicciones del país.
El procedimiento permite articular acciones de relevamiento y
verificación a cargo del Ministerio de Trabajo con las que se
encuentran asignadas a la AFIP. ( Ver anexo 1 y 7)
Desde
la perspectiva relacional pensar la implementación es dar
cuenta de la acción conjunta de áreas y involucradas en
la política pública, la capacidad de gestión
pública se pondrá en juego en el plano intersectorial,
interjurisdiccional y multiactoral. La implementación puede
fallar por conflictos entre políticos, por falta de apoyo de
los beneficiarios, no solo hay que buscar la falla solo en los
procesos burocráticos. Hay que tener presente los problemas
del juego político.
Una buena implementación
requerirá de un diseño sencillo. Entre los
interrogantes que aparecen con mayor fuerza en esta etapa podemos
encontrar, quien es el responsable de la implantación, y que
medios se usan para asegurar que la política se lleva a cabo
de acuerdo al plan previsto.(Ver anexo 1 y 7).
Tamayo Saez
sostiene, que la complejidad de un programa se mide por el número
de decisiones que es necesario adoptar para que este funciones,
cuanto más elevado sea el número de actores y
decisiones, más difícil es controlar la implementación.
e)
Evaluación
Es la última fase del proceso ( pero
también la primera, por el carácter cíclico del
mismo)
Zubirat sostiene que es un proceso de aprendizaje que
hacen todos los involucrados. Si bien hay u rol protagónico de
los expertos, no puede pensarse como un proceso técnico
específicamente, es también un mecanismo político.
Tamayo Saez nos dirá que en los sistemas democráticos
los productos de la evaluación tendrán diferentes
utilidades políticas, se tendrá que rendir cuenta de
los actos, explicar las decisiones a los ciudadanos, presentar los
logros alcanzados y legitimar con resultados las decisiones.
Como
objetivo general de la evaluación se identifica generar
información que permita orientar las decisiones futuras de la
política pública.
Tamayo Saez, identifica nueve
modelos de evaluación, a los que relacionará con las
diferentes fases del ciclo de la política pública:
·
Evaluación anticipativa, evaluación de la
evaluabilidad, evaluación de necesidades, evaluación
teoría y diseño, evaluación de viabilidad
política, evaluación de implantación, estudios
de seguimiento de programas, evaluación de impacto, evaluación
de calidad.
En el caso del plan de fiscalización de la
Seguridad Social, si bien se realizaron diferentes modelos de
evaluación a lo largo de todo el ciclo (evaluación
anticipada, evaluación de necesidades, evaluación de la
viabilidad política)sistemáticamente en la fase de
implementación se llevó adelante un estudio de
seguimiento del plan15 ( Ver anexo 6 ) que permite contar con
información actualizada de los resultados obtenidos en
términos de fiscalización de empresas, trabajadores y
detección de trabajo no registrado en las diferentes
provincias del país.
Algunas
Recomendaciones para la implementación del Plan Nacional de
Fiscalización de la Seguridad Social
1.
Articulación con actores estatales y el sector privado
-
La articulación con AFIP se constituye en uno de los
principales escollos administrativos presentes en el Plan de
Fiscalización, los expedientes enviados a las Agencias de DGI
han sido tratados parcialmente. Esto significa que se ha dilapidado
gran parte del trabajo realizado desde las Agencias y
fundamentalmente, para los empresarios, han perdido legitimidad las
inspecciones y el accionar del Ministerio en esta materia. Rediscutir
políticamente los términos (responsabilidades - roles -
funciones ) de la Resolución Conjunta es imprescindible para
avanzar en próximas etapa de ejecución.
- Las Administradoras de Fondos de Pensión son beneficiarias directas de los resultados del Plan, tienen intereses económicos específicos ligados al problema, sería importante que se incorporen como un actor estratégico más, y que puedan aportar en el financiamiento del mismo.
- Considerando que en otros países, el éxito de los programas de fiscalización de la seguridad social, ha estado ligado al desarrollo de políticas de promoción de la regularización de trabajadores, en desmedro de aquellas orientadas a lo punitivo. En este marco se propone articular el plan con programas de promoción del empleo, vigentes en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo.
- A los fines de dar una respuesta integral al problema de los despidos como resultado de la acción inspectiva, además del asesoramiento legal, debería preverse la posibilidad de priorizar a los trabajadores en negro despedidos como beneficiarios de los programas de empleo transitorio.( Programa de Emergencia Laboral y Trabajar)
2.
Asesoramiento legal
-
Sería preciso que las agencias territoriales institucionalicen
un área de asesoramiento jurídico gratuito para dar
rápida respuesta a los conflictos que se generan en muchos
casos entre trabajadores y empleadores como resultado de la acción
inspectiva, En el mismo sentido, la Agencia debería apoyar y
hacer una seguimiento en los casos de competencia laboral provincial.
3.
Componente de Capacitación / Divulgación sobre los
derechos de los trabajadores.
-
La divulgación y concientización de los actuales y
futuros trabajadores, sobre sus propios derechos es central para
desarrollar estrategias de prevención de potenciales
abusos.
Si bien en el diseño y ejecución del Plan
de Fiscalización de la Seguridad, se han desarrollado
trípticos destinados a empleados y empresarios difundiendo
derechos y obligaciones de ambos, es necesario trascenderlo y avanzar
en el diseño de un componente del plan que contemple la
capacitación y divulgación de los derechos.
4.
Estrategia comunicacional
-
- Cabría interrogarse acerca de la posibilidad de desarrollar
una política comunicacional con mayor énfasis en las
acciones dirigidas a desterrar este tipo de prácticas y que
además contribuya instalar el problema con más fuerza
en la agenda pública.
6.
Evaluación de impacto y resultados
-
El plan presenta como antecedente el trabajo realizado durante los
años 1999 y 2000.
Dos años de ejecución,
es un tiempo suficiente para generar una instancia de evaluación
de eficacia e impacto, para de ser necesario redireccionar su
accionar.
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13 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL CIUDADANA PRODUCCIÓN DE CICLO DE PROGRAMAS
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